EL SALVADOR
Informes de País sobre Prácticas
de Derechos Humanos
- 2003
Emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y
Trabajo
Febrero 25, 2004
El Salvador es una democracia constitucional
multipartita con una Organo Ejecutivo encabezado por un Presidente,
y un Organo Legislativo unicameral y un Organo Judicial independiente.
En 1999, los votantes eligieron al Presidente Francisco Flores
de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para un período
de 5 años. En elecciones libres y justas en marzo,
el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
(FMLN) ganó una pluralidad de curules en la Asamblea
Legislativa. ARENA negoció con el conservador Partido
de Conciliación Nacional (PCN) para mantener una mayoría
funcional. . Otros dos partidos políticos también
están representados en la Asamblea. El Organo Judicial
es constitucionalmente independiente; sin embargo, muchos
jueces todavía son susceptibles a influencias políticas.
La Policía Nacional Civil (PNC) mantiene la seguridad
pública; el Ministerio de Defensa es responsable de
la seguridad nacional. La Fuerza Armada apoya algunas patrullas
de la PNC en las áreas rurales y también provee
apoyo a las agencias del orden público en actividades
específicas, incluyendo esfuerzos anti narcóticos
y adiestramiento en las escuelas reformatorias para delincuentes
juveniles. Las autoridades civiles mantienen control efectivo
de las fuerzas de seguridad. Algunos miembros de la policía
han cometido abusos de derechos humanos.
La economía libre mercado se basa mayormente en servicios,
agricultura y manufactura. La población del país
es sobre 6.5 millones. Aunque la agricultura constituye sólo
el 8.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), es la
fuente mayor de empleo, contratando el 20 por ciento de la
fuerza laboral total del país (la cual se estima en
más de 2.5 millones de personas). El café y
el azúcar son los principales productos de exportación,
y antiguamente eran la fuente mayor de divisas extranjeras.
La caída sostenida del precio del café ha deprimido
la actividad en el sector, y ahora las fuentes principales
de divisas extranjeras son ahora las remesas familiares y
las exportaciones de las maquilas. Según el Consejo
Salvadoreño del Café, la baja en los precios
del café desde la cosecha del 1999-2000 ha reducido
aproximadamente 135,790 empleos en la zafra cafetalera 2003-2004.
El sector manufacturero, que contribuye al 24 por ciento
del PIB, emplea 18 por ciento de la fuerza laboral. El sector
textilero, particularmente las plantas de maquila (depósitos
de perfeccionamiento) en las zonas francas (ZLCs) representan
como un 20 por ciento del empleo en el sector manufacture,
siendo además la fuente principal de nuevos empleos.
La economía es abierta, y se respeta la propiedad
privada . La tasa de crecimiento económico real alcanzó el
2 por ciento durante el año con una inflación
de 2.5 por ciento. La tasa oficial de desempleo promedió 6.3
por ciento durante el año; sin embargo, la tasa de
subempleo (menos que empleo a tiempo completo o ingreso total
menor que el salario mínimo) fue estimada en aproximadamente
36.6 por ciento. En enero y febrero de 2001, dos terremotos
causaron la muerte de 1,100 personas, dejaron más
de 1.2 millones de personas sin vivienda, y causaron más
de 1,900 millones de dólares en daños. Según
la Dirección de Estadísticas y Censo del Ministerio
de Economía , durante el año aproximadamente
36.1 por ciento de la población vivía debajo
del nivel de pobreza, comparado con 38.8 por ciento en el
2002. En el 2001, el dólar se convirtió en
la moneda oficial.
El gobierno generalmente respeta los derechos humanos de
los ciudadanos; sin embargo, hubo problemas significativos
en algunas áreas. Algunos asesinatos de alegada motivación
política estaban bajo investigación a fin de
año. No hubo informes de desapariciones de motivación
política. Algunos policías usaron fuerza excesiva
y maltrataron a detenidos; a veces la policía arrestó arbitrariamente
y detuvo a personas sin causa adecuada. Las condiciones en
las prisiones continúan siendo pobres, y el asinamiento
continúa siendo un problema. Detenciones prolongadas
con antelación al juicio continúan siendo un
problema.
El Organo Judicial continúa siendo ineficiente
y obstaculizado por la corrupción, aunque la Corte
Suprema y la Fiscalía General de la República
tomaron algunas medidas durante el año para lidiar
con la corrupción e ineficiencia en el Organo Judicial.
La corte destituyó a 39 jueces que no habían
cumplido con los requisitos para sus grados académicos.
Algunos jueces destituídos alegaron que algunos de
sus colegas habían sido retenidos en sus posiciones
en la rama judicial gracias a sus vínculos políticos,
económicos y otros. La impunidad de los ricos y poderosos
continúa siendo un problema. La violencia y la discriminación
en contra de las mujeres continúan siendo un problema
serio. La discriminación en contra de los discapacitados
también continuó siendo un problema. El abuso
de menores, el empleo de menores y la prostitución
infantil también fueron problemas. El gobierno no
protegió adecuadamente el derecho de los trabajadores
a organizarse y negociar colectivamente. El tráfico
de mujeres y niños fue un problema.
RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Sección 1 Respeto por la Integridad de la Persona,
Incluyendo el Derecho de no ser sujeto de:
a. Privación Ilegal o Arbitraria a la Vida
Hubo algunos informes de asesinatos por motivación
política por agentes de partidos políticos.
La Inspectoría Gneral de la PNC (IG) recibió denuncias
de que 57 policías estaban involucrados en asesinatos
comparado con 12 alegaciones en el 2002. A fin de año,
las autoridades estaban discerniendo si los oficiales policiales
habían actuado criminalmente o en cumplimiento del
deber. Durante el año, la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dictaminó que
agentes de la PNC fueron responsables de una muerte ilegal
y de 17 casos de abuso físico.
En enero, Alvaro Centeno Calvio, un miembro del FMLN, murió en
Ahuachapán durante la campaña electoral de
elecciones legislativas y municipales. Según un diputado
del FMLN, Centeno Calvio murió después de haber
sido impactado en la cabeza por una roca durante una confrontación
entre el FMLN y ARENA, el partido del gobierno. Según
Medicina Legal, Centeno muró de múltiples heridas.
En febrero, la policía arrestó a Francisco
Zarceno Rodríguez, José Ernesto Martínez
Ríos y José Guillermo Solito Escobar, todos
los cuales eran miembros de maras. La policía y la
Fiscalía General (FG) alegaron que 15 o 20 miembros
de maras no afiliados con ARENA asesinaron a Centeno. Un
Juzgado absolvió a Francisco Zarceno porque las heridas
faciales que él le infligió a Centeno no fueron
la causa de la muerte. La Corte sentenció a nueve
personas, incluyendo a José Ernesto Ríos y
a José Guillermo Solito Escobar.
No había información disponible de fuentes
gubernamentales sobre el juicio de personas por la muerte
a balazos en septiembre de 2002 de Darwin López.
En julio de 2002, un atacante no identificado le disparó y
mató a Nelson Alfonso Argueta Amaya, presidente de
la Federación Nacional de Miembros Desmovilizados
de la Milicia de la Época de la Guerra Civil (Ex-
Patrulleros). El fiscal inicialmente identificó varias
posibles motivaciones para el crimen, incluyendo una disputa
personal sobre el liderazgo de la organización por
la víctima. A pesar de acusaciones en la prensa, no
hubo evidencia de una motivación política.
La investigación continuaba a fin de año.
La PDDH recibió 16 denuncias de asesinatos ilegales
o atentados cometidos por la policía durante el año.
En agosto, La Sala de lo Penal de la Corte Suprema anunció que
estaba estudiando la sentencia condenatoria por homicido
culposo y pena privativa de libertad de 10 años y
8 meses en prisión, impuesta en marzo de 2002 al cadete
de la escuela de aviación de la Fuerza Aérea
Carlos Mauricio Melara por la golpiza y muerte en el 2001
del compañero cadete Erick Mauricio Peña Carmona
para establecer si el crimen fue homicidio culposo o doloso.
En noviembre, la Cámara de lo Penal ordenó que
un juzgado de instrucción debía procesar a
Carlos Mauricio Melara y a César Humberto Dorat,
previamente exonerados por el juzgado, por homicido doloso.
Un total de 28 reclusos murieron en prisión debido
a violencia o enfermedad durante el año, comparado
con 19 reclusos en el 2002.
El juicio del capitán de policía Mariano Rodríguez
Zepeda por el tiroteo de 1998 de José Antonio Navidad
Villalta fue reprogramado para julio de 2004.
En enero, la Corte Suprema rehusó otorgar el amparo
a los abogados que presentaron una querella por la dilatación
ilegal de justicia a favor de seis sacerdotes jesuitas, una
ama de llaves y su hija que fueron asesinados en 1989. Los
abogados alegaron que la decisión de la corte era
contrario a la Constitución, y en noviembre, ellos
presentaron el caso a la Comisión Inter Americana
de Derechos Humanos. B. Desaparecimiento
No hubo informes de desaparecimientos motivados por motivos
políticos o de involucramiento policial en secuestros
durante el año.
La mayoría de los desaparecimientos fueron secuestros
por rescate. Según las estadísticas policiales,
8 personas fueron secuestradas durante el año,
comparado con 19 secuestros en 2002 y 49 en 2001.
A fin de año, la Corte Suprema no había admitido
revisar el caso sobre la exoneración por el tribunal
disciplinario de la PNC en agosto de 2002 de la sargento
de la PNC Tomasa Reyes Alvarado. Según la Corte, los
peticionarios no habían presentado la solicitud de
revisión en debida forma ; el veredicto de exoneración
de la Cámara de lo Penal fue sostenido. Además
de Reyes Alvarado, el ex sargento de la PNC José Azcunaga
Segura y un civil no habían sido enjuiciados por
el secuestro en 2000 de una pareja en Sonsonate.
La Asociación Pro-Búsqueda de Niños
Desaparecidos como Resultado del Conflicto Armado (Pro-Búsqueda)
investigó 150 casos (de 450) de niños desaparecidos
y localizó a 13 niños viviendo en El Salvador,
los Estados Unidos, Francia e Italia, a quienes ellos ayudaron
a reunificar con sus padres biológicos. En julio,
Pro-Búsqueda se reunió con la Comisión
de la Familia de la Asamblea Legislativa y reintrodujo un
proyecto de ley para la creación de una comisión
nacional para investigar los casos de niños que desaparecieron
durante la guerra civil de 1980-92. En la reunión,
el Procurador General de la República se comprometió a
estudiar la constitucionalidad del proyecto de ley y, en
agosto, presentó una opinión favorable. Además,
la Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa
ordenó a su departamento legal a presentar una opinión.
A final del año, el departamento legal no lo había
hecho.
En octubre, Amnistía Internacional acusó al
gobierno de no asumir sus responsabilidades bajo los Acuerdos
de Paz de investigar los casos de niños que desaparecieron
durante la guerra y cuyos paraderos permanecen desconocidos.
C. Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos
o Degradantes
La Constitución prohíbe dichas prácticas.
Durante el año, la PDDH recibió una denuncia
alegando tortura por un oficial de la policía.
Hubo alegaciones que algunos miembros de la PNC usaban
fuerza
excesiva o de otra forma maltrataban a los detenidos.
En octubre, la PDDH informó que un menor fue torturado
en una estación de la PNC en Apopa. Según la
PDDH, los agentes de la PNC torturaron al menor en represalia
por anteriormente haber acusado a la policía de haberle
golpeado durante un arresto. Según la IG, hubo insuficiente
evidencia para considerar el caso como uno de tortura; fue
catalogado, por el contrario, como uno de procedimiento irregular
de ejecución de la ley.
En octubre de 2002, la policía detuvo a un sub-inspector
local de la PNC, Abel Hernández Cortez, bajo cargos
de haber torturado y lesionado gravemente a José Antonio
Domínguez. En marzo, el IG de la PNC informó que
había cerrado el caso después de que un juzgado
de instrucción exonerara a Abel Hernández Cortez
en febrero. La corte fundamentó su decisión
en la falta de evidencia.
A fin de año, la IG de la PNC había cerrado
un caso en contra de oficiales de la PNC acusados de detener
y agredir a 7 miembros de la Asociación Salvadoreña
de Empleados Municipales que estuvieron bloqueando ilegalmente
el tránsito en apoyo a una huelga en noviembre de
2002. la IG determinó que la policía anti-motines
había utilizado sólo la fuerza necesaria
en contra de los que protestaban.
En diciembre, la IG exoneró a 2 oficiales de la PNC
en el tiroteo no mortal de Domingo Yánez Villatoro.
La IG determinó que los oficiales de la PNC habían
actuado de acuerdo a los procedimientos regulares en
respuesta a haber sido amenazados con armas de fuego.
Durante el año, la PDDH recibió un total de
863 denuncias en contra de la PNC por todas las categorías
de violaciones de derechos humanos, comparado con 1,095 en
el 2002. Del total de las 2,479 denuncias recibidas, 778
fueron por violación al derecho a la integridad personal
cometidas por autoridades gubernamentales durante el año
y en años anteriores, comparado con 766 en el 2002.
La categoría cubre tortura, trato inhumano o degradante,
maltrato, uso desproporcionado de fuerza y trato inhumano
de detenidos. La vasta mayoría de estas denuncias
que involucraban a la PNC fueron catalogadas como maltrato.
Un Tribunal Especial continuó revisando las apelaciones
de ex-empleados de la PNC que fueron despedidos bajo
procedimientos sumarios autorizados por la Asamblea Legislativa
en el 2000
(Decreto 101).
Para el fin de año, una prominente organización
de derechos de la mujer que había aseverado en el
2001 que el acoso sexual era un problema generalizado dentro
de la PNC y que oficiales femeninos eran sujetos de violencia,
había capacitado a 150 agentes policiales sobre
los derechos de la mujer.
Conciencia sobre los derechos humanos es un componente
regular del programa de adiestramiento básico
de los oficiales policiales.
Las condiciones penitenciarias continuaron pobres. El
sistema penitenciario tiene una capacidad instalada para
7,312
prisioneros en 21 instalaciones penitenciarias. El asinamiento
en las
instalaciones individuales continuó siendo un problema
al incrementarse la población penitenciaria por cuarto
año consecutivo. A fin de año, 10,822 prisioneros
estaban recluidos en 18 facilidades penitenciarias con una
capacidad instalada de 7,050. Adicionalmente 27 hombres y
6 mujeres guardaban prisión en 2 áreas seguras
de hospitales con una capacidad instalada de 75 personas.
Debido a la falta de celdas los detenidos antes del juicio
frecuentemente fueron enviados a prisiones regulares en donde
se les puede poner junto a criminales violentos. A finales
de año, 6,606 de 11,451 detenidos fueron sentenciados.
Durante el año, las autoridades penitenciarias instituyeron
un nuevo sistema para premiar con privilegios de fin de semana
ambulatorio ???; para aquellos prisioneros que exhibieron
buena conducta y satisficieron todos los requisitos legales.
Por otro lado, aquellos prisioneros que mostraron comportamiento
violento o peligroso fueron enviados al centro penal de máxima
seguridad. En agosto, las autoridades inauguraron una prisión
de máxima seguridad con una capacidad instalada de
400. Al final del año, la prisión contenía
210 reclusos.
Las maras continuaron ejerciendo influencia dentro de
las prisiones y el sistema judicial. Prisioneros continuaron
dirigiendo actividades criminales desde sus celdas. Las
autoridades penitenciarias reportaron que hubo 28 muertes
en el sistema
carcelario durante el año. Asesores de la Asamblea
Legislativa informaron que el FMLN usa maras para propósitos
políticos, tales como pintar paredes para las elecciones
presidenciales, durante el año.
En marzo, el Fiscal General (FG) desestimó cargos
en contra del director de la PNC y el Director de Centros
Penales por la muerte de dos oficiales de la PNC y un prisionero
durante un motín en diciembre de 2002 en una prisión
metropolitana mayor.
Hay 3 instalaciones penitenciarias para mujeres con una
capacidad instalada de 262 personas. A fin de año, había
578 mujeres en las prisiones femeninas, con 51 mujeres adicionales
encarceladas en facilidades primordialmente masculinas, comparado
con 562 y 87 en el 2002, respectivamente. Las condiciones
en las cárceles de mujeres eran adecuadas pero
con asinamiento.
La ley requiere que todos los menores sean mantenidos
separados de los adultos tanto antes del juicio y durante
la purga
de la sentencia penal, y el gobierno generalmente observa
este requisito en la práctica; sin embargo, de junio
de 2001 a abril de 2002, la PDDH encontró a 9 menores
en bartolinas con antelación al juicio que también
contenían adultos. Al final del año, 125 menores
estaban albergados en una prisión para menores bajo
la supervisión del Instituto Salvadoreño para
el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
(ISNA). La violencia de maras en las instalaciones para menores
fue un problema. Miembros de las fuerzas armadas proveyeron
adiestramiento de escuela reformatoria para los convictos
juveniles. La mayoría de los casos involucrando a
menores son llevados a juicio procedimientos de conciliación
dentro de los 3 meses.???
El gobierno permitió que observadores independientes
de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales ONGs)
y los medios visitarán las prisiones.
D. Arresto, Detención o Exilio Arbitrario
La Constitución prohíbe el arresto arbitrario;
sin embargo, hubo quejas de que a veces la PNC arbitrariamente
arrestó y detuvo a personas.
La PNC mantiene la seguridad pública; el Ministerio
de Defensa es responsable de la seguridad nacional. Los militares
proveen apoyo a algunas patrullas de la PNC en áreas
rurales y también provee apoyo a las agencias del
orden público para actividades específicas,
incluyendo esfuerzos anti narcóticos y adiestramiento
de escuela reformatoria para los menores convictos.
En junio, las autoridades arrestaron a 27 oficiales de
la PNC bajo cargos de tráfico de extranjeros; los oficiales
tenían vínculos con personal del aeropuerto
que facilitaban el contrabando. En julio, un juez en una
audiencia inicial dejó en libertad a los oficiales.
Sólo 6 de los 27 oficiales pudieron ser aprehendidos
cuando una corte de apelaciones revocó la decisión;
el resto habían huido. En una audiencia inicial en
diciembre, un juez comenzó procedimientos penales
en contra de 6 oficiales en custodia.
A solicitud de un juez, la policía llevó a
cabo una investigación disciplinaria sobre el arresto
y detención por 30 días en abril de 2002 de
Esteban Ortiz Vásquez en base a una orden de arresto
de uno de nombre similar, Esteban Benito Ortiz. El juez encontró que
la policía había utilizado procedimientos
defectuosos.
Del 2001 a noviembre, la Corte Suprema de Justicia había
recibido un total de142 denuncias de anteriores empleados
de la PNC que alegadamente fueron despedidos ilegalmente.
A noviembre, la Corte Suprema había emitido 17
sentencias favorables, desestimando cargos en 23 casos
y considerado
inaceptables 5 casos. Las sentencias restantes no fueron
admitidas por falta de peticiones formales.
Durante el año, la PDDH recibió 778 denuncias
alegando violaciones a la libertad personal, comparado con
205 denuncias en el 2002. Las cortes generalmente pusieron
en vigor la regla que la interrogación sin la presencia
de la representación legal es coerción, y que
cualquier evidencia obtenida en dicha forma es inadmisible.
Como resultado, las autoridades policiales generalmente postergan
el interrogatorio hasta que el defensor público
o un abogado llegue.
La ley permite que la policía detenga a una persona
por 72 horas antes de presentar al sospecho a una corte,
después de lo cual el juez puede ordenar la detención
por 72 horas adicionales para determinar si una investigación
es apropiada. Debido a la falta de celdas de detención,
esos detenidos frecuentemente son enviados a prisiones regulares,
en donde pueden ser ubicados junto a criminales violentos
(ver Sección 1.c). La ley permite a un juez a tomar
hasta 6 meses para investigar crímenes serios antes
de requerir un juicio o la desestimación del caso.
En casos excepcionalmente complicados, el fiscal o cualquier
parte puede solicitar a la corte de apelaciones extender
la fecha límite de 3 a 6 meses, dependiendo de la
seriedad del crimen. Sin embargo, muchos casos no fueron
concluidos dentro del término prescrito por la ley.
La Dirección de Prisiones informó que 4,514
recluidos estaban en detención con antelación
al juicio al final del 2003 (ver Sección 1.c). Según
la Corte Suprema, durante el año el sistema judicial
recibió en promedio 19 casos penales por día,
comparado con un promedio de 111 por día en el
2002.
El Código Penal permite la libertad bajo fianza de
los detenidos que son poco probables de fugarse o cuya liberación
no impedirían la investigación del caso. Porque
puede tomar muchos años para que un caso llegue a
juicio, algunos prisioneros han estado encarcelados por más
del tiempo máximo de una sentencia legal por sus crímenes.
En esas circunstancias, un detenido puede solicitar la revisión
por la Corte Suprema de su continuada detención.
La Constitución prohíbe el exilio forzado,
y el gobierno observa esa prohibición.
E. Negación de un Juicio Público
Justo
La constitución provee para una judicatura independiente,
y el gobierno generalmente respeta esa providencia en la
práctica. Sin embargo, la judicatura sufre de ineficiencia
y corrupción. Durante el año, la Corte Suprema
(CSJ) tomó algunas providencias para lidiar con
estos problemas.
La estructura de la corte tiene 4 niveles: jueces de
paz, tribunales de primera instancia, cortes de apelaciones
y la Corte Suprema. La Corte Suprema supervisa el presupuesto
y la administración de todo el sistema judicial. La
Corte Suprema selecciona a los jueces de paz, a los jueces
de primera instancia y a los jueces de apelaciones de una
lista de candidatos propuestos por el Consejo Nacional de
la Judicatura (CNJ). El CNJ es un cuerpo independiente provisto
en la Constitución para nominar, adiestrar y evaluar
a los jueces. La Asamblea Legislativa elige, por mayoría
de dos tercios, a los magistrados de la Corte Suprema de
listas provistas por el CNJ y por la Asociación
Nacional de Abogados.
En febrero, el presidente del CNJ informó que la selección
de más de 300 jueces por la CSJ fue ilegal porque
ellos no estaban en la lista de candidatos propuestos por
el CNJ. La CSJ replicó que las selecciones fueron
legales porque envolvían transferencias e intercambio
de (mayormente alternos) jueces. La CNJ presentó una
petición ante la Asamblea Legislativa para establecer
que cada juez tiene que ser seleccionado de una lista de
candidatos del CNJ; sin embargo, la legislatura no aprobó la
petición y la Corte Suprema de Justicia dictaminó la
petición inconstitucional. El CNJ y la CSJ entonces
anunciaron que el CNJ tomaría responsabilidad primaria
por la administración de las carreras judiciales,
aunque la CSJ nombraría a los jueces y determinaría
sus cortes de nombramiento. El Consejo Nacional de la Judicatura
evalúa a todos los jueces dos veces al año;
durante el año las evaluaciones tienen lugar en julio
y en septiembre. Según el presidente del CNJ, las
herramientas de evaluación han sido mejoradas.
EL presidente del CNJ cabildeó a la Corte Suprema
para aceptar a los recién graduados de un programa
judicial especial en que abogados recibieron 2 años
de adiestramiento práctico y académico (incluyendo ética)
para eventualmente advenir jueces. Dieciséis de los
34 graduandos de este programa estaban trabajando como jueces
al final del año.
Los magistrados sirven por periodos de 9 años y pueden
ser reelectos. Hay sistemas separados de cortes para asuntos
de familia y de menores infractores; estos enfatizan la conciliación
como medio alterno a la adjudicación. El sistema también
tiene cortes de sentencias penales y cortes de supervisión
de los penales. La primera considera la evidencia y el testimonio
que pueden haber sido recopilados a través de los
procedimientos judiciales, determina inocencia o culpabilidad
y determina la sentencia. El segundo supervisa la implementación
de las sentencias. A través de su Sección de
Probidad, la Corte Suprema regularmente recibe e investiga
denuncias del público sobre la ejecutoria judicial.
Este departamento también examina las determinaciones
y recomendaciones de CNJ, que evalúa a los jueces
de manera continua. La Corte Suprema impone sanciones
cuando se amerita.
Los jueces, no los jurados, deciden la mayoría de
los casos. Los jurados se utilizan en momentos especiales
del proceso. La mayoría de los casos comienzan con
una audiencia preliminar en una corte de un juez de paz,
entonces procede a una corte de primera instancia, la cual
determina si hay suficiente evidencia para continuar con
el proceso, y decide si un jurado o una corte de sentencia
debe oír el caso. Las cortes de los jueces de paz
proveen una oportunidad para la conciliación como
una alternativa a procedimientos de juicio para algunos tipos
de casos. Casi todos los casos que envuelven homicidio, secuestro,
fraude, el medio ambiente, narcóticos o asuntos de
propiedad privada van a cortes de sentencia. Los jurados
oyen sólo aquellos casos que la ley no le asigna a
las cortes de sentencia. Después de la determinación
del jurado de inocencia o culpabilidad, un tribunal decide
la sentencia. Un veredicto de jurado no puede ser apelado.
Sin embargo, el acusado puede apelar la sentencia a la Corte
Suprema para su reducción si ciertos requisitos son
satisfechos. Un veredicto de un jurado puede ser sobreseído
por una determinación de juicio fallido de que hubieron
serios problemas con la selección del panel de
jurado o errores en el procedimiento del juicio. Un veredicto
de
un juez puede ser apelado.
Durante el año, la Corte Suprema de Justicia, actuando
como tribunal máximo, llevó a cabo 69 sesiones,
comparado con 64 sesiones en el 2002. Emitió 133 decisiones,
resolvió 345 conflictos de competencia, 5 casaciones
y 158 peticiones provenientes de cortes extranjeras.
El Código Penal de Menores requiere que los menores
de 12 a 17 años de edad sean enjuiciados sólo
por tribunales de menores, limita las sentencias de menores
a un máximo de 7 años, e incluye alternativas
a la encarcelación de menores. En octubre, la Asamblea
Legislativa aprobó una ley temporera anti-maras, en
contra de la cual varias partes presentaron peticiones constitucionales
ante la Corte Suprema, incluyendo la PDDH. Esta ley establece
que un menor de edad de 12 a 18 años puede ser enjuiciado
como un adulto y recibir sentencia de adulto hasta de 30
años de prisión. Al fin de año,
pocos jueces han aplicado la nueva ley, y ninguno ha
puesto en
vigor lo relativo a las sentencias.
La Constitución provee para la presunción de
inocencia, protección en contra de la auto incriminación,
asistencia legal, libertad de coerción y compensación
por daños debido a error judicial. En la práctica,
la compensación por daños debido a error judicial
ha sido poco aplicada. Los acusados también tienen
el derecho a estar presentes en corte. Estos derechos no
fueron siempre completamente respetados en la práctica.
La Constitución y la ley requieren que el gobierno
provea asistencia legal a los indigentes; sin embargo, este
requisito no siempre ha sido implementado en la práctica.
La impunidad de las leyes civiles y penales del país
continuó, particularmente para personas que estaban
bien conectadas política, económica o institucionalmente.
Según la adenda al informe del Secretario General
de las Naciones Unidas sobre América Central de diciembre
de 2002, “El sistema judicial es frecuentemente lento
y muchos jueces son todavía susceptibles a influencia
política ... muchos crímenes quedan sin ser
castigados y acceso efectivo al debido proceso está seriamente
limitado, de hecho, si no legalmente, para un gran número
de salvadoreños.” La corrupción judicial
contribuyó a la impunidad; sin embargo, la Corte Suprema
tomó algunas medidas para lidiar con estos problemas.
En el 2003, la Sección de Investigación Profesional
de la Corte Suprema recibió 329 denuncias en contra
de abogados privados. La CSJ desaforó abogados en
tres casos por periodos que no excedieron de 5 años.
Hubo pocos, si alguno, informes de corrupción en la
Fiscalía General durante el año.
En junio, las autoridades arrestaron al Jefe de la Seguridad
de la Rama de la Judicatura Nacional Carlos Adolfo Flores
Hernández, al Jefe de Seguridad Regional Ramael Armando
Chorro Enrique, al Supervisor de Seguridad Gerbert Heriberto
Muñoz Chicas y al Agente de Seguridad Judicial Fredy
Alvarado con cargos de facilitar la fuga de 14 miembros de
un grupo de crimen organizado llamado Banda Tacoma, que operaba
en Guatemala, Belice y El Salvador, llevando a cabo homicidios,
secuestros, robos bancarios y otros crímenes. Al fin
del año, un juez penal había abierto un proceso
de juicio en contra de Fredy Alvarado, Gerbert Heriberto
Muñoz Chicas y Ramael Armando Chorro Enrique, todos
los cuales estaban bajo arresto domiciliario. El juez penal
desestimó los cargos en contra de Carlos Adolfo Flores
Hernández.
La CSJ no ha actuado sobre una solicitud de octubre de
2002 del FG para levantar la inmunidad de dos de tres jueces
a
los cuales proyectaba enjuiciar.
En noviembre, el FG formalmente acusó al Juez Ricardo
Canales Herrera de malversación a través de
negligencia, de aproximadamente $20,000 y 500 gramos de heroína.
Antes de que el FG presentara cargos formales, Canales Herrera
declaró que él presentaría una apelación
interpelativa en contra del FG por la tardanza en presentar
los cargos. En el 2002, 13 de los 15 jueces de la Corte Suprema
votaron para destituir a Canales Herrera debido a la pérdida
de la droga en el almacén de la corte del cual Canales
tenías responsabilidad. Canales entonces presentó una
petición ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo
de la Corte Suprema de Justicia, alegando que su despido
fue ilegal. Al fin del año, la Cámara de lo
Contencioso Administrativo no había emitido un
fallo.
A fines de septiembre, una audiencia inicial fue llevada
a cabo en Ahuachapán en contra de Narciso Ramírez,
acusado de tráfico de extranjeros. El magistrado en
la audiencia inicial dictaminó que el caso envolvía
elementos del crimen organizado y, por lo tanto, de acuerdo
a la ley salvadoreña, debía ser oído
por un tribunal compuesto por tres jueces (uno de los cuales
sería el juez de la audiencia inicial). Sin embargo,
los otros dos magistrados en el tribunal dictaminaron que
el caso no contenía elementos de crimen organizado
y debía ser decidido por un jurado como un caso común.
El magistrado de la vista inicial luego se recusó a
sí mismo del caso. En octubre, el tribunal transmitió el
caso a la Cámara de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia debido al conflicto entre los 3 jueces. Al fin del
año, la Cámara de lo Penal no había
emitido un fallo.
En abril, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Centroamericana (IDUCA) presentó una petición
al FG para que investigara a todos los parientes-incluyendo
a un oficial de la PNC- que estuvieron presentes durante
la violación y asesinato de Kattia Miranda el 4 de
abril de 1999. El FG designó a dos de sus más
sobresalientes fiscales para la investigación, pero
a fin de año todavía no había nuevos
desarrollos en el caso.
Durante 2002, la Fiscalía General informó que,
como resultado del proceso sumario de destitución
de personal no calificado autorizado por una ley del 2000,
había destituido a 44 fiscales, de los cuales una
junta de apelaciones exoneró y reintegró 24.
Para fines del 2002, el Fiscal General había implementado
más de la mitad de las recomendaciones hechas por
una junta de revisión al llevar a cabo un examen institucional
de su oficina en 2001, tales como el uso de nuevos procedimientos
para la selección de personal y contratación.
El decreto que autorizó este procedimiento expiró en
febrero de 2002. El Fiscal General no despidió a ningún
fiscal por corrupción durante el año.
Al final del año, la Corte Suprema de Justicia estaba
estudiando 140 casos de diplomas irregulares. La Corte Suprema
redactó una decisión en 50 casos de los 140.
Sin embargo, una decisión final necesita evaluación
por el pleno de los 15 Magistrados. El Fiscal General
tiene que presentar solicitudes formales en 90 casos
para continuar
con el proceso legal.
En agosto, la CSJ desaforó a 39 abogados al ser notificada
formalmente por el Ministerio de Educación que estos
no habían completado los requisitos para sus grados
académicos. En septiembre y octubre de 2002, la Corte
Suprema destituyó a 38 jueces por fundamentos similares
después de lo cual un grupo de los jueces separados
emitió una lista de jueces que ellos alegan no cumplían
los requisitos pero fueron retenidos en sus posiciones debido
a influencias políticas, económicas o debido
a sus relaciones con magistrados de la Corte Suprema. Los
jueces destituidos apelaron a la Comisión Inter Americana
de Derechos Humanos y a la PDDH. En mayo, la PDDH aseveró que
la Corte Suprema había violado el debido proceso y
el principio de igualdad ante la ley en destituir a los jueces
y encontró que la corte debió haber usado un
procedimiento regular en vez de un procedimiento sumario
al destituir a los jueces. Todos excepto uno de los jueces
destituidos por la corte apeló la destitución
insistiendo que ellos habían satisfecho todos los
requisitos en vigor al momento y que era erróneo por
parte del Ministerio de Educación el imponer nuevos
requisitos retroactivamente.
ONGs y observadores conocedores del sistema judicial
afirman que la Corte estaba haciendo lo mínimo necesario para
responder a la crítica pública, pero que no
estaba haciendo un esfuerzo abarcador para destituir a los
jueces corruptos y no calificados. La Corte Suprema enfatizó que
la Sección de Probidad y la CNJ cumplen con su función
de escrutar el desempeño judicial de una manera continua.
Sobre los diplomas cuestionables, la Corte sostiene que sólo
puede actuar en base a información provista por el
Ministerio de Educación, que es la institución
autorizada para determinar la validez de las credenciales
académicas.
En la práctica, la Corte impone pocas sanciones a
jueces basado en la recomendación del CNJ y de la
Sección de Probidad.
En diciembre, un juez de San Salvador otorgó una reducción
de sentencia y dejó en libertad a una bien conocida
figura del crimen organizado, Bruno Ventura. El juez dejó en
libertad a Ventura, basado en una decisión conjunta
del Ministerio de Gobernación y la Corte Suprema de
Justicia. El Ministerio de Gobernación previamente
había fallado en contra de la puesta en libertad de
Ventura. El juez que emitió la orden de libertad fue
acusado de otorgar privilegios excepcionales a Ventura en
el pasado, pero ella aseveró que ella había
actuado dentro del marco de la ley. Según la Asociación
de Periodistas de El Salvador (APES), la madre de Ventura
lesionó a un periodista que cubría el fallo
inicial del Ministerio de Gobernación desfavorable
a Ventura.
La policía, fiscales, defensores públicos y
las cortes continuaban teniendo problemas investigando delitos.
Cobertura inadecuada policial (debido a recursos limitados)
y la intimidación de víctimas y testigos (especialmente
por las maras) hace difícil identificar, arrestar
y encausar criminales, así disminuyendo la confianza
pública en el sistema judicial.
En julio de 2002,
testigos en el juicio de los traficantes de extranjeros Edgar
Campos y Blanca Rivas informaron que los abogados defensores
los habían hostigado en un esfuerzo para evitar su
testimonio. Los fiscales informaron al juez oyendo la causa,
y la información sirvió como una importante
justificación para mantener a los acusados encarcelados
durante el juicio.
En agosto, un tribunal penal exoneró a los colombianos
Rynel Ardila Vásquez, Julio Lele Farfulla Caise y
Miller Suárez Salas, acusados de traficar 1,920 kilogramos
de cocaína. En septiembre, una corte de apelaciones
revocó la decisión y el 2 de octubre el juez
abrió el proceso penal ante un tribunal de sentencia,
de acuerdo a lo provisto en la ley. Los sospechosos continuaban
en custodia a fin de año.
No hubo informes de prisioneros políticos.
F. Interferencia Arbitraria con la Intimidad, la Familia,
el Hogar o la Correspondencia
La Constitución provee para el derecho a la intimidad,
y las autoridades gubernamentales generalmente respetan en
la práctica este derecho. La ley requiere que la policía
tenga el consentimiento del residente, una orden o creencia
razonable que un crimen está siendo cometido o está por
cometerse antes de entrar a un aposento privado.
La policía puede utilizar agentes encubiertos
con el permiso del Fiscal General y entrar en propiedad
privada
sin una orden cuando se sospecha actividad criminal.
Con la orden de un juez, muestras de sangre y de otros
fuidos
corporales pueden tomarse sin el consentimiento del acusado.
Sección 2 Respeto
por las Libertades Civiles, Incluyendo
a. Libertad de Prensa y Expresión
La Constitución provee para la libertad de expresión
y de prensa, y el gobierno generalmente respeta en la práctica
estos derechos. Periodistas de la prensa y la radiodifusión
de todos las fuentes principales regular y libremente criticaron
al gobierno e informaron sobre el punto de vista de la oposición.
Las figuras de la oposición fueron entrevistadas rutinariamente
en la prensa, en la televisión y en la radio. Sin
embargo, según la APES, el gobierno le solicitó al
gobierno mexicano a intervenir con una estación local
subsidiaria de una compañía mexicana para que
cesara el reportaje político que presentaba dificultades
para el gobierno. Algunas estaciones de televisión
continuaron a quejarse que las agencias de publicidad responsables
de colocar anuncios de interés público pagados
por el gobierno estaban parcializadas en favor de compañías
de noticias que generalmente apoyaban la política
del gobierno. En enero, dos partidos políticos (el
CDU y el PCN) presentaron una petición ante la Asamblea
Legislativa para remover la exención que los periódicos
tienen de pagar impuestos. La iniciativa no fue apoyada por
los dos partidos políticos más grandes (ARENA
y el FMLN) y no prosperó. En febrero, CINTEC Environment,
Inc., una empresa de tratamiento de desperdicios, anunció que
sometería una demanda en contra de dos periódicos
de mayor circulación que habían reportado que
CINTEC pudiera estar lavando dinero en cooperación
con el crimen organizado. Una ONG expresó su preocupación
a la PDDH sobre el posible efecto desalentador en la
prensa libre de estas demandas, en vista de la poca sensibilidad
del sistema judicial a los asuntos de la libertad de
prensa
y el menos que deseado respeto hacia los comunicadores,
medios e informantes.
El 8 de abril, Derechos Humanos para las Américas,
una ONG doméstica, y APES presentaron un proyecto
de ley ante la Asamblea Legislativa para fortalecer la libertad
de expresión en armonía con el derecho internacional.
Aunque todos los partidos políticos apoyaron la propuesta,
limitaciones de tiempo antes de la toma de posesión
de la recientemente electa Asamblea Legislativa impidió la
modificación de la Constitución. La nueva Asamblea
Legislativa, que tomó posesión en mayo, no
regresó al tema antes de fin de año.
En enero, partidarios de los que en protesta tomaron
la Catedral Nacional para mostrar su desacuerdo con las
políticas
del sistema de salud del gobierno, lesionaron a un periodista
de televisión que ellos acusaron de informar el punto
de vista del gobierno. El FG informó que ni las víctimas
ni los testigos habían cooperado con la investigación
y al fin del año el FG no había identificado
o acusado a los perpetradores.
En agosto, la Universidad de Centroamericana (UCA) informó que
dos telereporteros de la UCA recibieron amenazas telefónicas
de muerte después que ellos criticaran el 12 de agosto
el Acuerdo de Libre Comercio de Centro América y la
ley anti maras del Presidente Flores. Según las autoridades
de la UCA, el 13 de agosto el Ministerio de Gobernación
solicitó una copia del editorial. El FG indicó que
no se podía iniciar una investigación hasta
que la UCA sometiera una denuncia formal; un abogado de la
UCA indicó que la universidad había decidido
no hacerlo.
Algunos editores de periódico y directores de radio
noticias practican la auto censura, según practicantes
y observadores, mediante la disuasión de los periodista
a que informen sobre temas o presenten puntos de vistas que
los dueños o publicistas puedan no ver favorablemente.
El Diario de Hoy, un periódico de mayor circulación,
requiere que cualquiera que ponga un anuncio sobre un tema
controversial tiene que dejar un depósito para pagar
por una respuesta del opositor, si una corte así lo
ordena. Si nadie reclama el derecho a réplica dentro
de 30 días, el periódico devuelve el depósito
al individuo o grupo que puso el anuncio original.
En septiembre de 2002, la legislatura aprobó reformas
a la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas, la agencia
nacional de auditoría, incluyendo una disposición
sobre acceso público a las auditorías de la
agencia que requiere que la institución haga pública
las auditorías sólo después que las
apelaciones son agotadas. Los críticos sostienen que,
debido a que las apelaciones frecuentemente se alargan por
años, la medida dilatará innecesariamente el
acceso público a la información.
En el 2002, la Asociación Inter Americana de Prensa
(AIAP) identificó problemas en varias áreas,
incluyendo la ausencia de una ley que provea para el derecho
de los periodistas a mantener la confidencialidad de sus
fuentes. En octubre, la AIAP informó que tanto organizaciones
políticas como gubernamentales bloquearon a periodistas
de tener acceso a información de interés público.
Hay 5 periódicos diarios, con una circulación
diaria combinada de más de 250,000 copias, y 16 estaciones
de televisión. Cinco estaciones independientes, y
una estación de televisión poseída y
operada por el gobierno, de televisión VHF alcanzan
la mayoría de áreas del país. Ocho estaciones
independientes UHF sirven San Salvador, y varias pueden ser
recibidas tan lejos como 30 millas de la capital. Dos sistemas
de televisión por cable cubren gran parte de la capital
y las ciudades principales de San Miguel, Santa Ana y Sonsonate.
Todas llevan las estaciones principales nacionales y una
gran variedad de programación internacional. Aproximadamente
150 estaciones de radio con licencia transmiten en las
frecuencias FM y AM.
Una disposición en el Código Penal permite
a los jueces a cerrar los procedimientos de corte si la luz
pública pudiera perjudicar el caso. Los medios y la
AIAP han alegado que esta disposición limita la
libertad de prensa.
No hubo casos de censura de libros, otras publicaciones,
películas u obras de teatro.
El gobierno no ha restringido el acceso al internet.
El gobierno no ha restringido la libertad académica.
B. Libertad de Asamblea Pacífica y Asociación
La Constitución provee para la asamblea pacífica
para cualquier propósito legal y el gobierno generalmente
respeta en la práctica este derecho. Demostraciones
públicas fueron comunes y generalmente pacíficas.
La Constitución provee para la libertad de asociación,
y el gobierno generalmente ha respetado en la práctica
este derecho.
Una ley de 1996 que regula la inscripción, reglamentación
y supervisión financiera de las ONGs y grupos religiosos
no católicos continúa en vigor. Sin embargo,
una decisión de la Corte Suprema en 2001 prohíbe
a cualquier oficial o juez negarle reconocimiento legal a
una ONG por conducta que viole normas sociales, morales o
de orden público siempre y cuando no haya ocurrido
una violación al Código Penal. Algunas ONGs
aseveran que el Ministerio de Gobernación dilata la
aprobación de la personalidad jurídica de una
ONG controversial con agendas de derechos humanos o de política.
En agosto de 2002, el Ministerio de Gobernación rehusó otorgarle
personalidad jurídica al Grupo de Monitoreo Independiente
de El Salvador, una ONG que vela sobre el respeto a los derechos
de los trabajadores en las maquilas, aunque a fines de 2003
el caso aparentaba acercarse a una resolución (ver
Sección 4).
C. Libertad de Culto
La Constitución provee para la libertad de culto,
y el gobierno generalmente respeta en la práctica
este derecho. La Constitución específicamente
reconoce a la Iglesia Católica Romana y le otorga
personalidad jurídica. Además, la Constitución
provee que otras religiones pueden inscribirse para este
estado legal de acuerdo a la ley.
Para una discusión más detallada, ver Informe
de Libertad de Culto Internacional para el 2003.
D. Libertad de Movimiento dentro del País, Viaje al
Exterior, Emigración y Repatriación
La Constitución provee para estos derechos y el gobierno
generalmente los respeta en la práctica.
La ley provee para el otorgamiento de la condición
de refugiado o asilado a personas que cumplen con la definición
en La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951 de las Naciones Unidas y su Protocolo de 1967. En
la práctica, el gobierno provee protección
en contra del refoulement y otorga la condición
de refugiado o asilado.
Sección 3 Respeto a los Derechos Políticos:
el Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno.
La Constitución provee a los ciudadanos con el derecho
a cambiar su gobierno pacíficamente, y los ciudadanos
ejercen este derecho en la práctica a través
de elecciones periódicas libres y justas llevadas
a cabo en base al sufragio universal. El presidente y el
vice presidente son electos cada 5 años. La Constitución
prohíbe al presidente a ser electo por periodos consecutivos.
La votación es por voto secreto.
En mayo de 2002, la Corte Suprema dictaminó inconstitucional
un artículo del Código Electoral que asignaba
un número específico de legisladores a cada
departamento del país, diciendo que violaba el requisito
constitucional de la representación proporcional de
la población. Un día antes de que la corte
anunciara su decisión, la Asamblea Legislativa modificó la
ley para asignar el número de legisladores basado
en límites de población; por ejemplo, un departamento
con 300,000 a 400,000 ciudadanos tiene derecho a 4 legisladores.
Un partido político y una ONG protestaron que este
cambio no satisfacía el requisito constitucional,
y ellos indicaron que el momento de este voto indicaba que
alguien en la corte había filtrado la información
antes de que la decisión se hiciese pública.
Diez partidos políticos, representando todo el espectro
político, presentaron 7 candidatos en las elecciones
presidenciales de 1999. El gobierno no restringió la
participación de la oposición, y no hubo incidentes
violentos durante la campaña. Los observadores determinaron
que la votación fue sin mayores defectos y que se
llevaron a cabo pacíficamente y con acceso justo para
todos a las urnas. Francisco Flores, el candidado del partido
ARENA, ganó por una clara mayoría en la primera
ronda de votación.
En marzo, el país llevó a cabo elecciones legislativas
que los observadores informaron fueron libres y justas aunque
la BBC informó de pequeñas irregularidades.
El FMLN ganó una pluralidad de 31 escaños legislativos
. En dos ocasiones en noviembre, activistas del FMLN atacaron
caravanas de trabajadores del partido ARENA que visitaban
municipalidades de mayoría del FMLN; videos de noticias
televisadas mostraron a un alcalde de la región metropolitana
de San Salvador agrediendo a trabajadores de la campaña
de ARENA con rocas.
No hay leyes o prácticas abiertas que impidan a las
mujeres votar o participar en los sistemas políticos
y gubernamentales. Las mujeres representaban el 51 por ciento
de la población; sin embargo, ellas representaron
el 54 por ciento de los votantes inscritos en las elecciones
de marzo. Ocho de los 84 legisladores electos en marzo fueron
mujeres, con 16 mujeres electas como legisladores alternos.
La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa estaba compuesta
por 6 personas, 2 eran mujeres. En la rama judicial, 2 de
los 15 magistrados de la Corte Suprema eran mujeres. De los
11 ministerios de la rama ejecutiva y 3 agencias constitucionalmente
autónomas, mujeres encabezaron dos, el Ministerio
de Relaciones Exteriores y la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos. Las mujeres detentaban un
número substancial de empleos vice o subministeriales.
Un estimado de 40 por ciento de los jueces del país
eran mujeres; sin embargo, la mayoría detentaban posiciones
en las cortes de menor jerarquía.
A las minorías, incluyendo los pueblos indígenas,
no se les tiene prohibido votar o participar en el gobierno.
En la práctica, sólo unos cuantos cientos de
salvadoreños se identificaban a sí mismos como
minorías étnicas, y ninguno que se identificaba
a sí mismo como minoría detentaba una posición
de liderazgo en el gobierno o en la Asamblea Legislativa.
Sección 4 Actitud del Gobierno Referente a la Investigación
Internacional o No Gubernamental de Alegadas Violaciones
a los Derechos Humanos
Numerosas ONGs domésticas e internacionales operaban
libremente y el gobierno generalmente a demostrado una buena
voluntad a dialogar sobre temas de derechos humanos con las
ONGs domésticas e internacionales. Sin embargo, a
veces ha sido renuente a discutir temas de derechos de los
trabajadores con ONGs, y ha rehusado a discutir el tema con
la PDDH. ONGs domésticas e internacionales son requeridas
a inscribirse con el gobierno bajo los términos de
la ley de 1996 sobre el registro de ONGs, y algunas han informado
de dificultades (ver Sección 2.b).
Para el fin de año, el Ministerio de Gobernación
no había decidido si otorgaba o no personalidad jurídica
al Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador que
vela sobre el respeto de los derechos laborales en las
maquilas.
El principal cuerpo de investigación y vigilancia
de los derechos humanos es la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, que es electa por la Asamblea
por un término de 3 años. Los Acuerdos de Paz
específicamente crearon la PDDH, que fue establecida
formalmente por una enmienda a la Constitución que
definió su papel. La abogada Beatrice de Carillo
ha ocupado el puesto desde 2001.
Durante el año, la procuradora expresó frustración
con la renuencia del gobierno-particularmente la Fiscalía
General- a responder a las solicitudes de su agencia para
información, como es requerido por ley, y de implementar
sus recomendaciones. Oficiales gubernamentales respondieron
que la institución socavó su credibilidad pronunciándose
sobre una amplia gama de temas que excedieron su mandato
y por emitir resoluciones en casos políticamente cargados
que ocurrieron muchos años atrás. La procuradora
insistió que todo el trabajo llevado a cabo por su
institución está dentro las 14 encomiendas
asignadas a ella por la Constitución. Ella explicó que,
debido a que la PDDH no había emitido resoluciones
en casos viejos al momento de ser sometidos, la institución
tenía que emitirlos ahora para cerrar dichos casos.
En enero, un propuesta en la Asamblea Legislativa para
residenciar a la Procuradora fue derrotada prontamente
en un comité ad
hoc. Los legisladores observaron que no había fundamentos
para la propuesta después de que la Fiscalía
General anunció que sus investigaciones mostraban
que las actuaciones de la Procuradora no contribuyeron a
la muerte de oficiales policíacos en un motín
en una prisión en diciembre de 2002 (ver Sección1.c).
Durante el año, la PDDH aceptó 2,479 denuncias
de violaciones de derechos humanos, comparado con 3,303 en
el 2002 (ver Sección 1.a y 1.c). Los derechos más
frecuentemente alegados ser violados incluyeron la integridad
personal, debido proceso de ley, y leyes laborales-778, 286
y 270 denuncias, respectivamente. Durante el año,
la PDDH emitió 164 resoluciones referentes a 235 denuncias
sometidas durante el año y en años anteriores.
Algunas de las resoluciones resolvían múltiples
denuncias con características similares tales como
maltrato por la policía. Ella sostuvo los cargos en
107 resoluciones, encontró que el acusado no era responsable
en 45 resoluciones y resolvió 12 casos usando sus
buenos oficios. En los casos restantes que recibió durante
el año, la PDDH no ha determinado si los hechos
substanciaron las alegaciones.
El Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), una ONG
envuelta en la vigilancia de la votación, los derechos de los
trabajadores, y otros temas de derechos humanos, informó que
voluntarios que llegaron el 17 de julio y 19 de agosto al
Aeropuerto de Comalapa se les negó la entrada en base
a “restricción administrativa” por orden
del Ministro de Gobernación. El rechazo de entrada
aparentaba depender de la interpretación del Artículo
97 de la Constitución que prohíbe a los extranjeros
la participación en la política interna del
país. El director de la CIS también informó que
la policía entró en su oficina el 9 de septiembre
y tomó copia de listas de 23 estudiantes que planeaban
venir al país como voluntarios del CIS.
Sección 5 Discriminación basada en Raza, Sexo,
Invalidez, Lenguaje o Situación Social
La Constitución dice que todas las personas son iguales
ante la ley y prohíbe la discriminación en
base a nacionalidad, raza, o sexo. En la práctica,
la discriminación en contra de las mujeres, personas
minusválidas y pueblos indígenas ocurría
en salarios y en el empleo. Hubo algunos episodios de
violencia en contra de los homosexuales.
En junio, antes de una Celebración de Diversidad Sexual
que conmemoraba personas que habían muerto de ataques
asociados a su orientación sexual o por VIH/SIDA,
miembros de la policía municipal y la Policía
Nacional Civil detuvieron y maltrataron a homosexuales y
travestidos cuando estos estaban fuera en la noche aunque
no estaban llevando a cabo actividades delictivas. La policía
replicó que ellos estaban vigilando a los travestidos
fuera en la noche porque ellos habían estado repetidamente
involucrados en crímenes, incluyendo prostitución,
desnudez pública y robo. No se presentaron cargos
formales ni contra los homosexuales y los travestidos o la
policía.
Desde junio, la ONG Entre Amigos había adiestrado
a 402 policías para respetar los derechos de los homosexuales
en un programa auspiciado por los Países Bajos.
Este programa finaliza en febrero de 2004.
Entre Amigos informó que en julio, personas desconocidas
mataron a 3 travestidos, José Cornado Galdámez,
Reyes Armando Aguilar y José Roberto de Paz, cuando
estos caminaban en la calle principal de Santa Tecla, departamento
de La Libertad. Entre Amigos presentó una petición
ante la oficina del FG; las investigaciones continuaban a
fin de año.
En octubre, un agresor desconocido mató a Douglas
Ademir Vásquez, un travestido de Soyapango conocido
por “Gisselle”. Vásquez murió de
dos disparos a la cabeza a corta distancia. La PNC sospechaba
que Vásquez fue la víctima de violencia de
maras. La investigación continuaba a fin de año.
A fin de año, Entre Amigos estaba preparando presentar
una querella formal ante el Ministerio de Educación
a nombre de un estudiante de 17 años de edad de una
academia privada que alegó haber sufrido discriminación
de parte de las autoridades escolares debido a su orientación
sexual.
En octubre de 2002, la Asamblea Legislativa removió de
la Ley de 2001 sobre la Prevención y Control de Infección
Causada por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana una disposición
requiriendo a los solicitantes de trabajo hacerse exámenes
de sangre. Durante el año, ONGs, UNAIDS y el Ministerio
de Salud expresaron preocupación que esta disposición
facilitaba la discriminación en contra de las personas
infectadas y, en así hacerlo, hacía difícil
para ellos el obtener empleo. La remoción de esta
disposición hizo los exámenes de VIH pre-empleo
opcionales, en vez de mandatorios. Según informes
en la prensa, hasta tarde en noviembre de 2002 la Fundación
Atlacatl, una ONG, había recibido 6 denuncias de personas
que alegaron que sus empleos habían sido terminados
después de que se supo que ellos eran VIH positivos.
Además, en el 2002, la fundación sostuvo que
tres instituciones de educación superior requerían
a estudiantes que querían seguir carreras relacionadas
con la salud a examinarse su sangre.
Mujeres
La violencia en contra de las mujeres, incluyendo violencia
doméstica, era generalizada y un problema serio. La
ley prohíbe la violencia doméstica y provee
para sentencias que van de 6 meses a un año en prisión
al ser convicto. A los ofensores convictos se les prohíbe
usar alcohol o drogas y a portar armas. La ley también
permite la imposición de órdenes de restricción
en contra de los ofensores. Una vez un tema de tabú social,
la violencia doméstica es reconocida más y
más públicamente y se ha convertido en tema
de debate nacional. Instituciones gubernamentales tales como
la PDDH, la oficina del FG, la CSJ, la Procuraduría
General y la PNC coordinaron esfuerzos con las ONGs y otras
organizaciones para combatir la violencia en contra de las
mujeres a través de educación, esfuerzos gubernamentales
para hacer valer la ley y programas de apoyo de las ONGs
para las víctimas.
La Secretaría Nacional de la Familia, a través
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU) define políticas, programas y proyectos
sobre la violencia doméstica y mantiene una línea
de ayuda y también un albergue para víctimas
de abuso doméstico. El ISDEMU recibió 4,706
denuncias de violencia doméstica a junio, comparado
con 3,786 denuncias en el 2002. Incidentes de violencia doméstica
y violación continuaron a ser subinformados por varias
razones: presiones de la sociedad y culturales en contra
de la víctima, temor a represalias, respuesta pobre
a las víctimas por parte de las autoridades, miedo
a la publicidad y la creencia de que los casos son poco probables
de ser resueltos. Sin embargo, el Código Penal permite
al FG a enjuiciar en el caso de violación, sin o con
una denuncia de la víctima, y al 2001, el perdón
de la víctima no podía anular el cargo penal.
Las penalidades por violación son de 6 a 10 años
en prisión. La ley no se dirige específicamente
a la violación por el cónyuge; sin embargo,
se puede considerar un delito si las acciones reúnen
la definición del Código Penal de violación.
El ISDEMU recibió 652 denuncias de agresión
sexual a junio, comparado con 464 en el 2002.
En mayo, los cuerpos decapitados y las cabezas cercenadas
de dos mujeres jóvenes fueron encontrados en lugares
separados; los asesinatos llenan el patrón de muertes
rituales de maras centroamericanas. Ningún sospechoso
ha sido acusado a fin del año. Según informes
de la PNC, a junio, las maras mataron, torturaron y mutilaron
a 16 mujeres.
La ley no prohíbe a una persona trabajar como prostituta.
Sin embargo, le prohíbe a cualquier persona, a inducir,
facilitar, promover o dar incentivos a una persona para trabajar
como prostituta. La prostitución era común,
y hay informes creíbles que algunas mujeres y niñas
fueron forzadas a la prostitución (ver Sección
6.c).
El tráfico en mujeres y niñas para propósitos
de explotación sexual fue un problema (ver Sección
6.f.).
La ley prohíbe el acoso sexual; sin embargo, trabajadores
en las ZLCs informaron de acoso sexual (ver Sección
6.b.).
En enero, una organización prominente de derechos
de la mujer, CEMUJER, informó que cónyuges
y compañeros motivados por celos mataron 238 mujeres,
de edad de 16 a 54 años, en el 2002. A fin de año,
CEMUJER informó que cónyuges y compañeros
motivados por celos habían matado 311 mujeres. CEMUJER
también informó que 9 mujeres habían
presentado denuncias de acoso sexual en contra de oficiales
de la PNC y 47 denuncias en contra de patronos de servicios
industriales, incluyendo maquilas. CEMUJER recibió un
total de 3,144 denuncias durante el año.
A junio, CEMUJER había adiestrado a 150 oficiales
de policía mujeres; en septiembre, CEMUJER informó que
había comenzado a proveer consejería legal
a 4 empleadas femeninas que alegaron acoso por jefes de la
PNC. Durante el 2002, la ONG asistió a tres empleadas
femeninas de la PNC para traer cargos de acoso sexual en
contra de superiores; las cortes desestimaron los cargos
en contra de los acusados en todos los 3 casos. (Un informe
de CEMUJER de 2001 aseveró que el acoso sexual
era prevalente dentro de la PNC.)
Algunas fábricas en las ZLCs requerían a las
solicitantes de empleo femeninas a presentar resultados de
exámenes de preñez, y no contrataban a mujeres
embarazadas (ver Sección 6.b).
La Constitución le otorga a las mujeres y a los hombres
iguales derechos legales, y el Código Penal establece
sentencias de uno a 3 años de prisión a oficiales
públicos que le nieguen a una persona sus derechos
civiles en base al género. La ley le prohíbe
a las mujeres embarazadas el llevar a cabo actividades arduas
en el lugar de trabajo después del cuarto mes de embarazo
(ver Sección 6.e). Todas las mujeres tienen derecho
a 84 días de licencia por maternidad, usualmente tomados
después del nacimiento del niño.
Las mujeres sufren de discriminación cultural y social
y tienen reducidas sus oportunidades económicas; los
hombres frecuentemente reciben prioridad en los empleos disponibles
y en las promociones. En particular, a las mujeres no se
les da igual respeto o importancia en los sectores tradicionalmente
dominados por los hombres, tales como la agricultura y negocios.
Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) informó una tasa de analfabetismo de 79 por
ciento para las mujeres y 85 por ciento para los hombres.
Una tasa combinada de participación escolar indicó que
el 64.3 por ciento de las mujeres se había inscrito
para la escuela con contra 65.4 por ciento para los hombres.
Uno de los factores que contribuyó a que las niñas
dejaran la escuela fue la preñez en la adolescencia.
El Código Penal establece una sentencia de 6 meses
a 2 años a los patronos que discriminan en las relaciones
laborales; sin embargo, era difícil para los empleados
informar de esas violaciones por sus patronos porque temían
represalias. Un estudio del PNUD mostró que las mujeres
ganaban en promedio $3,350 por año, comparado con
$7,381 por los hombres. El sector en que hubo una excepción
a esta práctica fue en las ZLCs y maquilas, la fuente
más grande de nuevos empleos, en donde las mujeres
comprenden hasta un 85 a 90 por ciento de la fuerza laboral
(ver Sección 6.b). Sin embargo, aún en este
sector, los hombres detentan la mayoría de las posiciones
de gerencia y en los departamentos en donde los empleados
recibieron salarios más altos tales como corte y planchado.
El adiestramiento de las mujeres generalmente estaba limitado
a ocupaciones de bajos salarios en donde las mujeres ya tenían
la mayoría de las plazas en el campo tales como, enseñanza,
enfermería, industrias caseras y pequeñas
empresas.
Según este mismo estudio del PNUD, las mujeres tenían
el 25.7 por ciento de las posiciones mejor pagadas y el 19.7
por ciento de los escaños municipales
Las organizaciones de la mujer tales como CEMUJER,
Las Dignas y el Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes estuvieron
envueltas en promover los derechos de la mujer y llevaron
a cabo varias campañas de concienciación de
los derechos durante el año.
Niños
Un informe de mayo coordinado por expertos del Programa
Internacional para la Eliminación de Trabajo Infantil (IPEC) y auspiciado
por la Organización Internacional de Trabajo (OIT),
el Banco Mundial y otros determinó que generalmente
uno de cada 10 niños trabajaba, con aproximadamente
13 por ciento de los niños entre las edades de 10
a 14 años en la fuerza laboral. La porción
de la población del país entre las edades de
5 y 17 años representa 30 por ciento del total de
la población del país. El trabajo infantil
era más común en las áreas rurales (15.7
por ciento) que en las áreas urbanas (7.7 por ciento).
Aproximadamente 60 por ciento de los niños trabajaban
en el sector informal en empresas familiares micro-agrícolas
y no agrícolas, por el que no recibían compensación
monetaria.
Los niños empleados completaron en promedio 5.6 años
de escuela, mientras que los niños no empleados completaron
8 años de escuela. Entre las familias encuestadas,
23.3 por ciento de los que contestaron indicaron que los
niños no pueden asistir a la escuela debido a problemas
económicos.
Al fin del año, el ISDEMU tenía 1,639 casos
de abuso y maltrato de niños en su archivo. El ISNA
informó de 143 casos de abuso sexual de menores durante
el 2002, comparado con 173 en el 2002. La mayoría
de las victimas fueron hembras.
En julio de 2002, el Ministerio de Educación, la PNC
y el ISNA instituyeron un programa para lidiar con el problema
de violencia estudiantil en San Salvador. La policía
entregó estudiantes que estaban fuera de la escuela
sin supervisión (frecuentemente en bares, billares
o tiendas de juegos electrónicos) durante horas escolares
al ISNA. El ISNA les dio consejería psicológica
sobre la violencia y los supervisó hasta que sus padres
o guardianes tomaran custodia. Oficiales gubernamentales
informaron que las medidas redujeron la violencia callejera
y las peleas entre estudiantes. Al final del año,
la policía trajo a 169 jóvenes al ISNA
bajo este programa.
El gobierno se concentró más en reducir la
pobreza y promover la estabilidad familiar a través
del crecimiento económico en vez de hacer gastos directos
en programas para los niños. Con el estímulo
de UNICEF, en septiembre de 2002, la Secretaría Nacional
de la Familia sometió a la Asamblea Legislativa una
nueva política nacional de atención integral
a los niños y adolescentes; la política no
había sido aprobada para fin de año.
La educación es compulsoria hasta el noveno grado.
La educación pública es nominalmente gratuita
hasta la escuela secundaria. La Constitución prohíbe
a las personas a impedir el acceso a los niños a las
escuelas por no pagar cuotas o llevar uniformes. En la práctica,
algunas escuelas continúan cobrando a los estudiantes
cuotas para cubrir insuficiencias presupuestarias, y la inhabilidad
de pagar estas cuotas o pagar los libros uniformes y actividades
requeridas previenen a algunos niños pobres de asistir
a la escuela. En septiembre, la Asamblea Legislativa modificó la
ley para prohibir que las escuelas cobren a los estudiantes
cualquier cuota. El Ministerio de Educación continuó operando
una línea de alerta para que el público delatara
a administradores escolares que violaren estas leyes. A agosto,
el Ministerio había recibido 895 denuncias de cuotas
escolares ilegales. Las áreas rurales no cumplieron
con proveerle una educación de noveno grado a todos
los potenciales estudiantes, en parte por la falta de recursos
y en parte porque muchos padres en el área rural frecuentemente
sacaron a sus hijos de la escuela al sexto grado para trabajar.
Según el Ministerio de Educación, durante el
2002, 14 por ciento de los niños de edad de escuela
primaria (edades de 7 a 11) y aproximadamente 32 por ciento
de los niños de edad de sexto a octavo grado (edades
de 12 a 14) en las áreas urbanas no asistían
a clases. Entre tanto, la asistencia a la escuela primaria
en las áreas rurales estaba sobre suscrita por casi
14 por ciento, porque los niños mayores asistían
a clases debajo del nivel del grado. Sólo 7 por ciento
de los niños en las áreas rurales asistían
a la escuela en los grados seis a ocho.
La malnutrición infantil continuó siendo un
problema, particularmente en las zonas de producción
de café de Ahuachapán y Sonsonate. En donde
la incidencia de malnutrición era alta, el Programa
Mundial de Alimentos, donantes extranjeros y UNICEF están
ayudando a lidiar con este tema con programas de alimentos
centrados. Un estudio del 2000 sobre el crecimiento de niños
mostró que el 19 por ciento de los niños sufrían
de malnutrición crónica. El Ministerio de Salud
listó a la malnutrición como uno de las 10
principales causas de mortalidad infantil en el país.
El gobierno tenía un plan nacional para menores diseñado
para aumentar el acceso a agua potable, sal yodada y
micro nutrientes y alentar el amamantamiento, pero el
progreso
fue lento, particularmente en las regiones rurales.
El gobierno trabajó a través de instituciones
estatales y con UNICEF para promover la protección
y conciencia en general de los derechos de los niños.
Sin embargo, los niños continuaron a ser víctimados
por abuso físico y sexual, abandono, explotación
y descuido. El ISNA, una entidad autónoma, tenía
responsabilidad para la protección y promoción
de los derechos de los niños. A septiembre, el ISNA
informó que sobre 1,173 niños, algunos abandonados
y otros víctimas de maltrato, estaban quedándose
en sus albergues.
El abuso de sustancias (pega, adelgazador de pintura,
cocaína
de piedra) fue un problema entre los niños en las
calles urbanas. FUDASALVA, una ONG, proveyó consejería
sobre drogas y tratamiento a menores. Otra ONG, la Fundación
Olof Palme, informó que había registrado 68
casos de abuso policial y maltrato a los niños de
la calle durante el año. Olof Palme informó 9
casos de abusos en el sistema correccional, 5 casos de abuso
en la escuela y un caso de maltrato por el ISNA, 11 casos
de abuso sexual (incluyendo violación ), 4 casos de
violencia doméstica en contra de niños y 4
casos de órdenes de manutención sin pagar.
Todos los casos fueron informados a la PDDH y a la Fiscalía
General. (La ONG informó que en años anteriores
los niños temían represalias si reportaban
el abuso.)
La PNC incorporó el adiestramiento de derechos humanos
de la PDDH a los programas para unidades policiacas que lidian
con jóvenes.
La prostitución infantil fue un problema. Ente 10
y 25 por ciento de las prostitutas visibles eran menores,
y se estima que un 40 por ciento de las prostitutas escondidas
que complacen a clientes de las clases altas son menores,
según un estudio de UNICEF emitido en el 2000.
Los niños, especialmente aquellos que viven en las
calles, han sido traficados a otros países y luego
forzados a la prostitución (ver Sección
6.f.).
El trabajo de menores continuó siendo un problema
(ver Sección 6.d.).
Personas con Incapacidades
En febrero, la Asamblea Legislativa debatió y dejó en
vigor una ley especial estatutaria autorizando a personas
minusválidas a ser miembros de los consejos municipales.
La Secretaría Nacional de la Familia estimó que
en el 2000 al menos el 8 por ciento de la población
tenía alguna forma de invalidez. Un estudio del 2000-2001
por la Organización Mundial de la Salud en conjunto
con socios locales e internacionales encontró que
la mayoría de las personas minusválidas eran
jóvenes, vivían en áreas rurales, y
tenían poco acceso a servicios de rehabilitación.
Encontró que muchas de las causas de la invalidez
eran prevenibles.
Un número significativo de la población de
personas misnusválidas del país consistía
de antiguos combatientes y civiles heridos durante el conflicto.
Financiamiento gubernamental e internacional proveyó programas
de rehabilitación para estas personas. Durante el
año, el gobierno aceptó pocas nuevas inscripciones
de personas heridas e incapacitadas como resultado del conflicto
armado de 1980-1992, como ordenado por legislación
aprobada en el 2001. Del 2002 al final del año, un
total de 5,413 antiguos combatientes pidieron la re-inscripción.
La re-inscripción abrió el camino para más
de 11,000 personas adicionales con incapacidades para recibir
beneficios gubernamentales. A julio, el gobierno había
aceptado 1,053 nuevos beneficiarios y descalificado a 1,204
antiguos combatientes incapacitados de recibir beneficios.
Según Jesús Avalos de la Asociación
de Combatientes Heridos de El Salvador, algunos antiguos
beneficiarios estaban experimentando problemas psicológicos
y de drogas.
Esfuerzos para combatir la discriminación y aumentar
las oportunidades para aquellos cuyas incapacidades no estaban
relacionadas con la guerra estaban en crecimiento pero continuaban
inadecuadas. El Ministerio del Trabajo promovió el
cumplimiento voluntario con una ley del 2000 que requiere
a las empresas a emplear una persona con incapacidad por
cada 25 empleados, un aumento del requisito pre-existente
de 1 por 50. Los recursos limitados del Ministerio y la descentralización
de sus archivos significó que no había información
confiable en cuanto al número de personas con incapacidades
que estaban empleadas; sin embargo, la tasa de desempleo
era significativamente superior que aquella de la población
en general.
Acceso por personas minusválidas a la educación
básica era limitada debido a falta de facilidades
y transportación adecuada. Sólo unos pocos
de los promotores de salud gubernamentales basados en las
comunidades han sido adiestrados para tratar a personas minusválidas
y ellos raramente proveyeron ese servicio.
Existían varias organizaciones dedicadas a proteger
y a promover los derechos de personas con incapacidades,
pero el financiamiento era insuficiente. Fondos extranjeros
para servicios de rehabilitación necesitados urgentemente
fueron canalizados a través de la Fundación
Teletón Pro- Rehabilitación, una organización
voluntaria privada local, ayudaron a encarar numerosos temas
de rehabilitación y proveyó alternativas para
la educación y rehabilitación de personas con
incapacidades. El gobierno y organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales proveyeron financiamiento al
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de
Inválidos, que tiene 10 centros a través del
país y ofrece tratamiento médico, consejería,
programas de educación especial y cursos de adiestramiento
profesional.
Pueblos Indígenas
La Constitución dice que los lenguajes indígenas
son parte del patrimonio nacional y deben ser preservados
y respetados. En la realidad, muy |
