Introducción

La promoción del respeto a los derechos humanos universales es elemento central de la política exterior de Estados Unidos. Es un compromiso inspirado por los valores fundamentales de nuestro país y por nuestros constantes intereses estratégicos. Como la historia lo ha demostrado en repetidas ocasiones, las violaciones de los derechos humanos nos preocupan a todos. Es una falacia creer que podemos hacer caso omiso de las depredaciones contra los seres humanos o aislarnos de las consecuencias negativas de la tiranía.

Estados Unidos está dispuesto a trabajar con otros gobiernos y la sociedad civil para prevenir los abusos de poder y la proliferación de ideologías deshumanizantes que producen miseria y desesperación y conducen a consecuencias políticas, económicas y humanitarias devastadoras.

Las amenazas a los derechos humanos pueden tomar varias formas. Incluyen desde violaciones en gran escala como el genocidio, la matanza de inocentes y la migración forzada hasta problemas sistemáticos y crónicos que les niegan a los ciudadanos los derechos fundamentales de libertad de culto, expresión y reunión, y las protecciones contra el ejercicio arbitrario del poder estatal. Estados Unidos no puede ignorar ningún tipo de problemas de derechos humanos, o excusarlos como diferencias culturales.

Los Informes por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos, que se emiten anualmente y comenzaron en 1977, se han diseñado para evaluar el estado de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, llamar la atención sobre las violaciones e impulsar los cambios necesarios en las políticas de Estados Unidos en relación con algunos países en particular. Son expresión de la vigilancia de Estados Unidos al observar a otros países y hacer que los líderes rindan cuentas del trato que les dan a sus conciudadanos.

Los Informes por Países identifican cada año las brechas entre los principios y la práctica, entre las normas aceptadas, por un lado, y el desempeño real, por el otro. Vistos retrospectivamente, un cuarto de siglo de informes demuestra que muchos países han comenzado a cerrar esas brechas y convirtieron relatos de horror en relatos de éxito. Sus ejemplos nos han ayudado a comprender cómo se pueden lograr avances en la protección de los derechos humanos y la expansión de la libertad.

Durante los últimos dos años y medio, hemos aprendido esas lecciones y las hemos aplicado a un mundo nuevo. Después del 11 septiembre de 2001, algunos observadores pusieron en tela de juicio que Estados Unidos pudiera darse "el lujo" de preocuparse por los derechos humanos y la democracia en el extranjero, y si sacrificaríamos nuestros principios para expeditar la guerra mundial contra el terrorismo. En cuestión de días, la asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice ofreció una clara respuesta: "No vamos a dejar de hablar de las cosas que nos interesan -- los derechos humanos y la libertad de culto y lo demás. Vamos a seguir presionando en favor de estos temas. No seríamos Estados Unidos si no lo hiciéramos".

En su Mensaje sobre el Estado de la Unión de enero de 2002, el presidente George W. Bush subrayó el compromiso inequívoco de Estados Unidos con los derechos humanos "... Estados Unidos se mantendrá siempre firme en cuanto a las demandas no negociables de la dignidad humana: el imperio del derecho; los límites del poder del estado; el respeto a la mujer; la propiedad privada; la libre expresión; la justicia igualitaria, y la tolerancia religiosa. Norteamérica tomará partido por los valientes hombres y mujeres que abogan por esos valores en todo el mundo, el mundo islámico inclusive, porque tenemos un objetivo más grande que eliminar amenazas y contener resentimientos. Más allá de la guerra al terrorismo, buscamos un mundo justo y pacífico".

Más tarde ese año, el secretario de Estado Colin Poweel respaldó estas palabras al anunciar la Iniciativa de la Asociación Estados Unidos- Medio Oriente (MEPI), programa diseñado para ayudar a las reformas políticas, económicas y sociales en esa región. En lo sucesivo, los que buscan la libertad en el Medio Oriente cuentan con el mismo apoyo que por largo tiempo se ha provisto a latinoamericanos, centroeuropeos, asiáticos, africanos y otros. Estados Unidos trabaja ahora en todo el Oriente Medio para mejorar las destrezas y oportunidades de hombres y mujeres que desean competir por cargos públicos, administrar elecciones, informar sobre acontecimientos políticos e influir en ellos como miembros de la sociedad civil. Hemos reforzado la programación de la MEPI con una diplomacia que no tiene precedentes, para remediar los problemas que se describe con franqueza en los Informes por Países.

A algunos les preocupaba que nuestra concentración en el mundo árabe no nos dejaría tiempo para ocuparnos de los derechos humanos y la democracia en otros lugares. A principios de 2002, el presidente anunció la creación de la Cuenta del Reto del Milenio, "un nuevo pacto para el desarrollo mundial, definido por una nueva responsabilidad por parte de las naciones ricas y pobres por igual. Las mayores contribuciones de las naciones desarrolladas se vincularán a una mayor responsabilidad de parte de las naciones en desarrollo". Las naciones que inviertan en la educación y la salud de sus pueblos, promuevan las libertades económicas y gobiernen con justicia -- definida por el predominio de las libertades civiles, los derechos políticos, el imperio del derecho y la responsabilidad y efectividad del gobierno --, serán recompensadas. La Cuenta del Reto del Milenio (MCA) se basará en información fidedigna sobre derechos humanos para evaluar la conformidad con las normas básicas de gobierno democrático y libertad económica. La Cuenta del Reto del Milenio provee también otro medio para reducir la diferencia entre los ideales de los derechos humanos y las prácticas reales.

Se han intensificado otros esfuerzos para remediar problemas bosquejados en los Informes por Países. Por primera vez, Estados Unidos cuenta, por primera vez. con un programa substancial para ayudar en los cambios estructurales, promover la percepción de los derechos humanos y apoyar la reforma legal y administrativa en China. En Asia Central hemos emprendido un esfuerzo sin precedentes para apoyar el desarrollo de partidos políticos representativos, organizaciones de derechos humanos y medios noticiosos independientes. Estados Unidos ha trabajado también más activamente para contribuir a la promoción de la libertad en Birmania, Zimbabwe, Cuba, Belarús y otras partes del mundo. Estos esfuerzos para adelantar la libertad se han visto a menudo realzados por asociaciones con otros miembros de la Comunidad de Democracias, una creciente organización compuesta principalmente por naciones que en el último cuarto de siglo han hecho la transición de la dictadura a la democracia.

La política exterior norteamericana posterior al 11 de septiembre ha aumentado en regiones enteras nuestro escrutinio y activismo en los temas de los derechos humanos y la democracia. No es sorprendente que algunos regímenes autoritarios -- desde el Oriente Medio hasta Asia Central y China -- hayan intentado de justificar la vieja represión envolviéndola en la capa de la nueva "guerra al terrorismo". Los observadores experimentados hacen notar que el autoritarismo existía en esas regiones antes del 11 de septiembre de 2001. Los responsables del trazado de la política norteamericana han rechazado y refutado, a menudo en público, tales intentos de ponerles etiquetas de "terroristas" a aquellos que expresan pacíficamente sus pensamientos y creencias. En algunos, pero no en todos los casos, pudimos contribuir a darles la libertad a esos individuos, sobre una base de caso por caso. Con el tiempo, el activismo incrementado descrito más arriba ayudará a cambiar las estructuras nacionales que permiten tales abusos, y contribuirá a la libertad de todos.

El año en perspectiva: Democracia, derechos humanos y trabajo

Donde permanecemos vigilantes, mediante acciones como la recopilación de estos informes, y donde llevamos a la práctica una agenda que hace de los Informes por Países algo más que una recitación mecánica de las pruebas, adelantamos los intereses de Estados Unidos. En 2003 observamos muchos acontecimientos que cubren toda la gama que va desde lo que eleva radicalmente el ánimo, hasta lo decepcionante. Los países y preocupaciones que se mencionan más abajo representan áreas que definen nuestra intervención en los asuntos de derechos humanos en todo el mundo.

En Afganistán, la Loya Yirga Constitucional (LYC) reunió a 502 delegados, entre ellos 89 mujeres, para redactar una nueva constitución. Este proceso culminó con la aprobación de una nueva y moderada constitución en enero de 2004. Las cuestiones sociales claves que se debatieron en la LYC incluyeron los derechos de la mujer y las minorías, el papel de la religión, la educación, el empleo y la seguridad. Además de alentar la aplicación de la nueva constitución, en 2004 nos dedicamos a ampliar y continuar nuestro compromiso de ayudar a los afganos a materializar su perspectiva de un país estable, democrático y económicamente exitoso, luego de 30 años de guerra. En los dos últimos años se han visto drásticas mejoras en democracia y derechos humanos desde los días del Talibán. No obstante, los ataques terroristas y la grave violencia, incluso el resurgimiento del tráfico de drogas, contribuyen a la sensación de anarquía e inseguridad, y demoran el proceso de reconstrucción.

La liberación de Iraq por parte de las fuerzas de la Coalición en abril, puso fin a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Saddam Hussein. El régimen de Hussein resultó en un clima de temor y represión en el cual el arresto arbitrario, los asesinatos, la tortura y la persecución eran hechos de la vida diaria. Desde abril, el mundo ha descubierto pruebas contundentes de la brutalidad totalitaria y caprichosa que aterrorizaba a las personas de maneras imposibles de imaginar. A modo de indicación, en una nación de 24 millones de habitantes, hay fosas comunes en las cuales están enterrados tantos como 300.000 iraquíes. El historial de terror bajo Saddam Hussein no se ha cerrado todavía. Construir democracia y una cultura de respeto a los derechos humanos después de 36 años de tiranía, será una ardua tarea, pero es un esfuerzo que cuenta con el apoyo de la gran mayoría del pueblo iraquí.

Empezamos 2033 con esperanzas de que el progreso observado, incremental pero sin precedentes, en China en 2002 continuaría y se expandiría; sin embargo, durante el año, vimos un retroceso en materia de derechos humanos claves. Aumentaron los arrestos de activistas de la democracia, de individuos que discuten en Internet temas que el gobierno considera "delicados", de activistas del VIH/SIDA, de trabajadores que protestan, de abogados que hablan en nombre de los disidentes o los desposeídos, de miembros de las iglesias y de otros que tratan de sacar partido del espacio creado por las reformas. Continuó la fuerte represión de la secta Falun Gong, y el gobierno chino usó la guerra contra el terrorismo para justificar la continua represión de los uigures musulmanes.

El historial del gobierno chino en Tibet sigue siendo precario y los continuos abusos incluyen ejecución sin juicio, tortura y arresto arbitrario, detención sin juicio público y encarcelamiento prolongado de tibetanos por expresar pacíficamente sus puntos de vista políticos o religiosos. En enero de 2003, el tibetano Lobsang Dondrud fue ejecutado por su supuesta participación en una serie de atentados dinamiteros en la provincia de Sichuan en 2002. La sentencia de muerte contra el maestro budista Tenzin Deleg Rinpoche, por la misma acusación, fue aplazada dos años. Basándose en "secretos de estado", se impidió el acceso del público a los juicios de los dos hombres, y se ha informado que se les negó el debido proceso de ley. La ejecución de Lobsang Dondrub al día siguiente de perder su apelación en el Tribunal Popular Provincial Superior de Sichuan, al igual que la negativa del Tribunal Popular Supremo, a nivel nacional, de revisar el caso como se les había prometido a funcionarios extranjeros, suscitaron serias preocupaciones en la comunidad internacional.

Después de las asombrosas demostraciones del 1 de julio en Hong Kong, llevadas a cabo por aproximadamente 500.000 personas, y de un intenso debate público en torno a las libertades civiles y las libertades fundamentales, el gobierno de Hong Kong retiró en septiembre la propuesta legislación sobre seguridad nacional. El pueblo de Hong Kong aprovechó su derecho a la libre expresión y reunión, tal como lo garantiza la Ley Fundamental, y urgió al gobierno que respetara los procesos democráticos. Aumentaron también las demandas públicas para que se ponga en vigor el sufragio universal en la elección del Ejecutivo en Jefe en 2007 y en la elección del Consejo Legislativo en 2008. Sin embargo, luego de consultar con el gobierno de la República Popular China, para fines de año Hong Kong no había anunciado un calendario de consultas públicas sobre la democratización.

Informes procedentes de Corea del Norte siguen pintando un cuadro sombrío de uno de los regímenes más inhumanos del mundo. Los controles rígidos de información, que limitan el alcance de nuestro informe, reflejan la represión totalitaria de la sociedad norcoreana. No se oye hablar de libertades fundamentales, y el régimen cometió numerosas y difundidas violaciones de los derechos humanos. El informe de este año detalla, entre otras violaciones, asesinatos, persecución de los norcoreanos repatriados por la fuerza y condiciones severas en el extenso sistema de campos de prisioneros, condiciones que incluyen torturas, abortos forzosos e infanticidio.

El extremadamente deficiente historial de Birmania en materia de derechos humanos, empeoró en 2003. El 30 de mayo, fuerzas afiliadas al gobierno atacaron un convoy encabezado por Aung San Suu Kyi, líder partidista de la Liga Nacional por la Democracia (LND), lo que dejó a varios centenares de miembros de la LND y defensores de la democracia desaparecidos, arrestados, heridos, violados o muertos. Continuaron las violaciones gravísimas de civiles pertenecientes a las minorías étnicas.

En Cuba empeoraron radicalmente las violaciones de los derechos humanos: 75 disidentes pacíficos fueron sentenciados a un promedio de 20 años de prisión por tratar de ejercer sus derechos fundamentales, en tanto que el régimen de Castro hizo caso omiso de las peticiones que contenían miles de firmas, y que los organizadores del Proyecto Varela habían recogido de los ciudadanos cubanos que reafirmaban su derecho constitucional de celebrar un referendo sobre la reforma política y económica.

El gobierno de Zimbabwe siguió llevando a cabo una campaña concertada de violencia, represión e intimidación. Esta campaña se ha destacado por el desprecio a los derechos humanos, el imperio de la ley y el bienestar de los ciudadanos de Zimbabwe. Se emplean varios métodos de tortura contra los opositores políticos y los defensores de los derechos humanos.

En Rusia, el gobierno manipulO los comicios presidenciales celebrados en octubre en Chechenia y las elecciones parlamentarias llevadas a cabo el 7 de diciembre; en ambos eventos no se cumplió con las normas internacionales. La evaluación de la misión de observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) de las elecciones parlamentarias criticó el uso extenso del aparato del estado y el favoritismo de los medios parciales a la campaña. El gobierno siguió ejerciendo presión sobre los medios, lo que resultó en la eliminación de la última red de televisión no estatal importante. Los encausamientos penales y las amenazas de enjuiciamiento contra los principales sostenedores financieros de partidos de oposición y organizaciones no gubernamentales independientes socavaron la capacidad de competir de los partidos, debilitaron la sociedad civil y plantearon dudas en cuanto al imperio de la ley en Rusia. Una serie de los llamados casos de "espionaje" siguió suscitando preocupaciones acerca del imperio de la ley y la influencia indebida del FSB (el servicio federal de seguridad). El conflicto de Chechenia siguió teniendo implicaciones en los derechos humanos. Los informes de violencia y violaciones continuas de los derechos humanos en Chechenia persistieron. Estos informes incluyeron pruebas de que algunos miembros de las fuerzas de seguridad, tanto federales como locales, al igual que algunos de los separatistas, recurren todavía a métodos inaceptables para resolver el conflicto.

Muchas de las repúblicas de la ex Unión Soviética tienen historiales de derechos humanos donde se mezclan lo positivo con lo negativo, o de naturaleza precaria. Seguimos colaborando con gobiernos y organizaciones no gubernamentales de la región para identificar áreas donde nuestra ayuda puede tener un impacto significativo. Las amenazas a la estabilidad varían, y nuestra insistencia en la rendición de cuentas de violaciones de los derechos humanos y en la adhesión a las normas democráticas causa progresos en la región, como lo demuestran los acontecimientos en Georgia.

El gobierno de Georgia permitió que varias protestas importantes se llevaran a cabo sin violencia ni arrestos. El presidente Eduard Shevardnadze renunció el 23 de noviembre, permitiendo que un nuevo liderato asumiera el poder, y subsecuentemente el Tribunal Supremo anuló los resultados de las competencias parlamentarias proporcionales. Las elecciones presidenciales realizadas en Georgia el 4 de enero de 2004 mostraron progresos significativos en comparación con eventos anteriores. Pero en otras partes del Cáucaso el fraude y las irregularidades graves empañaron las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas durante el año. En Armenia y Azerbaiyán, las autoridades arrestaron y hostigaron a centenares de manifestantes de partidos de oposición que protestaban contra la conducción de estas elecciones. Hubo informes fidedignos de que las autoridades de Azerbaiyán torturaron también a varios miembros de la oposición para extraerles confesiones.

En Asia Central, el progreso siguió debiéndose a los dedicados activistas y organizaciones no gubernamentales. Los gobiernos avanzan despacio, pero han dado señales de reconocer la importancia de los derechos humanos. El Centro de Apoyo a los Medios Noticiosos de la República Kirguisa, inscrito en 2002, abrió el 14 de noviembre una imprenta independiente. El gobierno de Turcmenistán intensificó su severa represión de opositores políticos y sus familias, y hubo abundantes informes de violaciones, inclusive, tortura, arrestos arbitrarios de centenares de parientes de sospechados de haber complotado en el ataque armado de noviembre de 2002 contra la caravana de automotores del presidente, y falta de juicios imparciales y libertad de movimiento. Las restricciones a la libertad de culto, expresión, asociación y reunión se hicieron más severas. En Uzbequistán hubo durante el año por lo menos tres nuevas muertes debidas a torturas de personas bajo custodia, y continuos informes de torturas impunes y juicios injustos. Continuaron los hostigamientos y arrestos de opositores políticos, inclusive periodistas y activistas independientes, como ocurrió también con los problemas de inscripción de partidos políticos de oposición y organizaciones no gubernamentales. En Kazajstán y Kirguistán siguen presos prominentes líderes opositores.

En Belarús, el gobierno de Lukashenko siguió restringiendo la libertad de prensa y de expresión y tomó medidas adicionales para restringir la libertad de asociación y reunión. El gobierno aumentó la presión sobre los derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales, interfiriendo con su labor y clausurando muchos de ellos. El gobierno omitió hacer justicia en los casos de desapariciones de miembros de la oposición. Atender las violaciones de los derechos humanos en Belarús se convirtió en una prioridad para Estados Unidos cuando volvimos como miembros de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CNUDH).

Durante su sesión de 2003, la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CNUDH) aprobó por primera vez una resolución sobre Belarús auspiciada por Estados Unidos, al igual que resoluciones sobre Turcmenistán y Corea del Norte. Se aprobó también, por votación, una resolución sobre Cuba, y por consenso sobre Birmania y la República Democrática del Congo. Además, la comisión decidió no celebrar una reunión especial sobre Iraq durante la etapa culminante de la acción militar.

Con Libia en la presidencia y países que no protegen los derechos de sus ciudadanos como Zimbabwe, Cuba, Sudán, China y Siria en calidad de miembros, la sesión de 2003 de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resultó deficiente en varios aspectos. Fueron rechazadas resoluciones sobre situaciones de derechos humanos en Zimbabwe, Sudán y Chechenia. Estados Unidos siguió recalcando la necesidad de mejorar el funcionamiento de la comisión, primordialmente mediante el apoyo a la condición de miembros de los países con historiales positivos de derechos humanos. Comenzamos a discutir la formación, con gobiernos interesados, de una conferencia sobre democracia. Contemplamos esto como un grupo de países de pensamiento similar que se coordinarían más estrechamente en escenarios multilaterales para adelantar objetivos congruentes con los valores democráticos.

Estados Unidos se sintió profundamente entristecido por la muerte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, en agosto de 2003. El señor Vieira había asumido ese cargo el 22 de julio de 2002. Durante el tiempo que estuvo en el cargo, emprendió importantes reformas en la Oficina del Alto Comisionado. Era muy respetado en la comunidad internacional por su extensa labor con las Naciones Unidas y su trabajo humanitario en el terreno. El secretario Powell hizo notar el 19 de agosto de 2003: "Mis colegas en el Departamento de Estado y yo compartimos la pena y la tristeza de la familia de las Naciones Unidas, y de todos aquellos en la comunidad internacional cuyas vidas se vieron enriquecidas por Sergio Vieira de Mello. Era un profesional consumado, que dedicó su vida a ayudar a otros, particularmente durante sus décadas de distinguido servicio a las Naciones Unidas... En mi concepto, el señor Vieira de Mello fue un héroe, que dedicó su vida a ayudar a quienes estaban en peligro y en dificultades. Su pérdida es un golpe terrible para la comunidad internacional".

Cambios institucionales:

Los progresos dignos de mención en Africa incluyen el inicio en Burundi de la segunda mitad de un gobierno de transición de tres años de poder compartido; Domitien Ndayizeye, hutu, sucedió en abril como presidente a Pierre Buyoya, tutsi. Además, el gobierno de transición negoció un acuerdo para compartir el poder en el futuro con el principal grupo rebelde; sin embargo, otro grupo rebelde permaneció fuera de las negociaciones y continuó los atentados contra civiles y fuerzas del gobierno. Madagascar se estabilizó después de una crisis política en 2002, durante la cual se disputó la presidencia y el presidente Ravalomanana continuó su campaña contra la corrupción, la que tuvo como resultado la suspensión de 18 alcaldes y la condena en juicio penal de doce magistrados.

En la República Democrática del Congo varios grupos armados siguieron cometiendo masacres y otras atrocidades, aunque la situación precaria de los derechos humanos ha mejorado ligeramente. Luego de cinco años de guerra se instaló el gobierno de transición, paso vital para encarrilar el país por la vía de la democracia. Para junio Uganda había retirado sus fuerzas y, luego de aprobarse una constitución de transición, se estableció el 30 de junio un gobierno de transición de poder compartido. En Liberia se celebró un acuerdo de cooperación para compartir un gobierno de transición entre la sociedad civil, las fuerzas que habían defendido al gobierno y los grupos rebeldes, "Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia" (LURD) y el "Movimiento de Democracia en Liberia" (MODEL); las elecciones se programaron para octubre de 2005. Con todo, hubo numerosas violaciones dentro del contexto del conflicto y continuaron la lucha esporádica, los saqueos y las violaciones de los derechos humanos en zonas remotas, a donde no han llegado todavía los mantenedores de la paz de la misión de la ONU en Liberia (UNMIL).

Los cambios continuaron en gran parte del mundo árabe. En Qatar los votantes aprobaron un proyecto de constitución en un referéndum popular celebrado en abril. Ese mismo mes, Yemen llevó a cabo con éxito las segundas elecciones parlamentarias de su historia. En Omán, aproximadamente el 74 por ciento de los votantes inscritos participaron en las elecciones de octubre para escoger a los 83 miembros del Consejo Consultivo. En Jordania, el rey Abdullah nombró en noviembre un nuevo senado de 55 miembros, en el que se aumentó el número de mujeres de tres a siete. En Marruecos, a las eleciones parlamentarias de 2002 siguieron elecciones de concejos municipales en 2003.

En Turquía, se aprobaron paquetes de reformas extensas de los derechos humanos que implican una ampliación de las leyes sobre tortura, impunidad, acceso a abogados, juicios justos y libertad de expresión, aunque no todas estas reformas se pusieron en ejecución totalmente durante el año. Como parte de un amplio programa de reforma judicial, se aprobó un Código Penal y de Procedimientos Penales a nivel estatal y de entidad en Bosnia y Hercegovina. Por primera vez, el programa de la ONU de certificación de idoneidad reconoció plenamente las fuerzas de policía de Bosnia. Una Misión Policial de la Unión Europea, responsble de normas prefesionales y rendición de cuentas de los altos funcionarios de policía comenzó a operar el 1 de enero de 2003.

En Egipto, se abolieron oficialmente en mayo los Tribunales de Seguridad del Estado; sin embargo, el gobierno retuvo y continuó utilizando los Tribunales de Emergencia, lo que, según observadores, no constituye un avance considerable. La Ley de Emergencia, ampliada en febrero por un período adicional de tres años, continuó restringiendo muchos derechos básicos. También durante el año el gobierno aprobó la legislación que establece un Consejo Nacional de los Derechos Humanos; descartado inicialmente como algo decorativo, el nombramiento al Consejo de varios miembros independientes trajo esperanzas a principios de 2004 de que el Consejo podría contribuir a mejorar la vida civil de Egipto. Las fuerzas de seguridad continuaron la tortura de prisioneros, el arresto y detención arbitrarios de personas y en ocasiones realizaron arrestos en masa.

Derechos políticos:

Seis países del hemisferio occidental -- Argentina, Barbados, Belice, Grenada, Guatemala y Paraguay -- celebraron elecciones de jefe de estado o de gobierno que se consideraron libres y justas. La Organización de los Estados Americanos promovió la democracia, observó elecciones y aplicó los principios de su Carta Democrática Interamericana para promover el cambio democrático constitucional en Venezuela, Haití y Bolivia.

En Africa, hubo sucesos positivos; en Kenia, donde el nuevo gobierno creó una comisión nacional autónoma de los derechos humanos para investigar violaciones y suministrar información a los ciudadanos. También se estableció un ministerio de asuntos relacionados con la condición de varón o mujer; se sometieron al parlamento tres proyectos de ley sobre los derechos de la mujer, pero todavía no han sido aprobados. El gobierno también tomó varias medidas para controlar la corrupción, incluso estableció un organismo autónomo contra la corrupción para investigar y procesar los casos de corrupción, destituyó a 38 jueces y trasladó a otros 40 acusados oficialmente de corrupción. En Ruanda se aprobó una nueva constitución que puso término a un período transitorio de nueve años y el país celebró en agosto y septiembre sus primeras elecciones presidenciales y legislativas posteriores al genocidio. Sin embargo, el derecho de los ciudadanos de cambiar su gobierno fue efectivamente restringido, y continuó el hostigamiento gubernamental de la oposición política.

En otros lugares de Africa, los observadores internacionales y locales informaron que durante las elecciones presidenciales en Nigeria, se observaron extensas irregularidades en el voto y fallas de procedimiento, particularmente en la clasificación y conteo de los votos. No obstante, no ocurrió la violencia que se había pronosticado relacionada con las eleciones. Durante el año, en Mauritania hubo un intento de golpe de estado y los observadores internacionales consideraron que en general las elecciones presidenciales celebradas en noviembre no fueron libres ni justas.

En Arabia Saudita, los ciudadanos no tienen el derecho de cambiar su gobierno. En octubre el gobierno anunció que celebraría elecciones municipales dentro de un año; sin embargo, no ha suministrado información específica al respecto. Hubo informes fidedignos en el sentido de que las fuerzas de seguridad continúan torturando y atropellando a detenidos y prisioneros, arrestando arbitrariamente y manteniendo incomunicados a los detenidos. El gobierno restringió la libertad de reunión, asociación, culto y movimiento. Continuó la discriminación contra la mujer y las minorías étnicas y religiosas, así como la limitación estricta de los derechos laborales. El gobierno estableció un Centro Nacional de Diálogo para abordar el extremismo religioso y los problemas que enfrenta la mujer y las minorías musulmanas del país. Funcionarios gubernamentales se reunieron también con los grupos organizados que promueven las reformas y permitieron que Human Rights Watch visitara el reino por primera vez.

El historial de derechos humanos del gobierno sirio sigue siendo precario y continua cometiendo graves violaciones. El gobierno usó sus vastos poderes para impedir toda actividad de oposición política organizada. Las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones, inclusive tortura y arresto y detención arbitrarios. El gobierno restringió significativamente la libertad de expresión y de prensa. La libertad de asociación no existe de conformidad con la ley y el gobierno impuso límites a la libertad de culto y suprimió los derechos laborales.

En Tunicia, aunque el gobierno continuó mejorando la economía y proveyó oportunidades para la mujer, las continuas violaciones incluyeron la tortura de los detenidos por las fuerzas de seguridad, las violaciones del derecho de privacidad, restricciones importantes a la libertad de expresión y prensa y hostigamiento de jueces y activistas de los derechos humanos y la sociedad civil.

El precario historial del gobierno iraní en cuanto a los derechos humanos empeoró y el mismo continuó cometiendo violaciones numerosas y graves. La capacidad del pueblo iraní de afirmar su voluntad democrática siguió siendo obstaculizada por una estructura que ejerce influencia desmedida en el proceso electoral y legislativo por medio de elementos intransigentes del régimen. El régimen de los líderes religiosos sofoca el debate abierto sobre temas que van desde la libertad de expresión hasta la conducta social apropiada, mediante tácticas como la intimidación, la violencia y el arresto de los activistas en la oposición. Se hostigó, persiguió y amenazó con la detención a los miembros reformistas del parlamento por declaraciones hechas bajo el amparo de la inmunidad parlamentaria. El verano pasado representantes del gobierno golpearon a los estudiantes que tomaron parte en protestas y arrestaron a miles. El gobierno arrestó a varios periodistas y prohibió las publicaciones reformistas y causó la muerte a golpes a un fotógrafo canadiense-iraní que se encontraba bajo custodia.

El historial de Camboya continuó siendo deficiente. Durante las elecciones de la Asamblea Nacional, en julio, la violencia políticamente motivada, incluso los homicidios, fue menor que en elecciones anteriores y el acceso de los partidos políticos y de los candidatos a los medios de información fue mayor en estas elecciones que en las pasadas, sin embargo, la intimidación de los votantes por los funcionarios locales, además de los problemas técnicos del proceso de inscripción y preparación de las listas de votantes, en efecto privaron a muchos ciudadanos del derecho de votar. Para finales de año no se había podido formar un gobierno de coalición.

Numerosos informes dan pie a preocupación por la dirección de la democracia y la estabilidad en Timor Oriental, debido al uso excesivo de fuerza y la extralimitación de la policía. La detención prolongada antes del juicio fue un problema. Con frecuencia se negó o restringió el debido proceso de ley y el juicio justo, en gran parte debido a la grave escasez de recursos y la falta de personal idóneo en el régimen jurídico. Los países de los Balcanes siguen siendo más estables y amplían sus esfuerzos para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. La OSCE y otros observadores internacionales consideraron que las elecciones locales en Albania, celebradas en octubre, constituyeron un avance en comparación con las elecciones pasadas, con pocos y aislados incidentes de anormalidades y violencia.

Conflictos internos y de otra índole:

Las violaciones por parte tanto del gobierno como de las fuerzas rebeldes caracterizaron el conflicto interno en la Costa de Marfil. Durante la primera mitad del año, hubo informes numerosos de homicidios políticamente motivados y un desenfreno de violencia por parte de escuadrones de la muerte que apoyan a gobierno. En julio, los rebeldes acordaron unirse al gobierno y declararon la guerra oficialmente terminada, pero el final de la violencia demostró ser elusivo cuando los rebeldes se separaron del gobierno en octubre. Para mediados de diciembre, tanto el gobierno como las Fuerzas Nuevas tomaron medidas positivas para ponerle término a la violencia y los ministros de las Fuerzas Nuevas indicaron que asistirían a la primera reunión gubernamental en 2004.

Los sucesos son más alentadores en Sierra Leona, donde el gobierno continuó sus actividades para estabilizar el país y reparar los daños causados por la guerra civil. Durante el año la Comisión de la Verdad y la Reconciliación celebró audiencias públicas para ventilar las quejas de las víctimas y la confesión de los perpetradores; el tribunal especial de Sierra Leona encausó a 13 personas. Aunque hubo progreso considerable en las negociaciones de paz en Sudán, entre el gobierno y los rebeldes en el sur, el conflicto en Darfur llevó a numerosas violaciones de los derechos humanos por el gobierno y la milicia apoyada por el gobierno, incluso el homicidio de civiles, la destrucción de poblados y el desplazamiento de personas en gran escala.

El historial de Israel en materia de derechos humanos en los territorios ocupados incluyó continuas violaciones; empleo de fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad en las manifestaciones; disparos, bombardeo e incursiones en zonas civiles palestinas y destrucción de casas y propiedades. Israel continuó con la imposición de cierre estricto y toques de queda en los territorios ocupados.

Muchos miembros de los servicios de seguridad palestinos y de la facción FATAH de la OLP participaron con civiles y grupos terroristas en atentados violentos contra civiles israelíes dentro de Israel, pobladores israelíes, extranjeros y soldados. Los extremistas palestinos hicieron blanco de israelíes en atentados a bala desde vehículos en movimiento y emboscadas; atentados suicidas con bombas y otras formas de detonar explosivos; atentados con morteros y ataques armados contra asentamientos y bases militares. Las fuerzas de seguridad palestinas emplearon fuerza excesiva contra los palestinos durante las manifestaciones; cometieron atropellos contra los detenidos y arrestaron y detuvieron arbitrariamente a personas y mantuvieron condiciones muy deficientes en los centros penitenciarios.

En Indonesia hubo mejoras en algunas regiones, pero hubo un deterioro rápido en Aceh. Varios informes indican que las fuerzas de seguridad indonesias cometieron homicidios, torturas, violaciones y apaleamientos y detuvieron arbitrariamente a civiles en Aceh, que se encuentra en ley marcial desde mayo de 2003, para tratar de derrotar a los separatistas del Movimiento Aceh Libre (GAM) cuando fallaron las negociaciones de paz. Los rebeldes del GAM cometieron violaciones, inclusive asesinatos, secuestros y extorsión. Durante la mayor parte del año la violencia interreligiosa disminuyó en las provincias de Maluku y Maluku del Norte, aunque hubo repuntes breves pero graves de violencia en Sulawesi Central a finales del año. Doscientos mil civiles permanecen desplazados debido a la violencia en estas tres provincias

En Colombia continuó la violencia política y la relacionada con la droga, pero los secuestros asesinatos y desplazamientos forzosos disminuyeron. El gobierno ofreció negociaciones formales de paz para desbaratar a los varios grupos terroristas y varias facciones entraron en las conversaciones. El gobierno capturó a algunos líderes de la guerrilla y se encausó y sentenció a varios ex comandantes militares por violación de los derechos humanos.

Continuó el impase político en Haití, donde el presidente Aristide frustró los esfuerzos para formar un Consejo Electoral Provisional legítimo y sus partidarios, secuaces y civiles asociados con la policía nacional, dieron muerte a varios miembros de los partidos de la oposición y disolvieron con violencia sus manifestaciones. No se celebraron las elecciones que debían tener lugar durante el año.

El 17 de octubre las manifestaciones de protesta forzaron al presidente boliviano elegido, Gonzalo Sánchez de Lozada, a renunciar a su cargo. Luego de una votación en el congreso, el vicepresidente Carlos Mesa Gisbert asumió el poder y restauró el orden. Mesa nombró un gabinete no político y prometió revisar la constitución por medio de una asamblea constituyente.

En Guatemala el gobierno aceptó una propuesta elaborada por el Procurador de los Derechos Humanos y las organizaciones no gubernamentales para crear una comisión de la ONU que investigue los grupos clandestinos. La labor de concluir el acuerdo llegaba a su fin para finales del año. El 29 de octubre, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 1996, el presidente Portillo completó la desmovilización de los Empleados Militares Presidenciales (EMP), implicados en violaciones graves de los derechos humanos durante el conflicto civil y su secuela. En Perú la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dio a conocer su informe final, con recomendaciones para restañar las heridas causadas por cerca de 20 años de conflicto interno.

El historial de derechos humanos de Nepal se mantuvo deficiente durante el año 2003. Más de 8.000 personas han sido asesinadas a partir de 1996 cuando se inició la campaña maoísta para derrocar la monarquía. Los numerosos informes fidedignos sobre violaciones de derechos humanos por las fuerzas nepalesas de seguridad motivaron la reprobación y llamamientos para la rendición de cuentas. Los maoístas cometieron violaciones peores en una campaña de torturas, asesinatos, bombardeos, reclutamiento forzado de niños y otras tácticas violentas.

Integridad de la persona:

A pesar de su bien acogida cooperación en la reducción de armas de destrucción masiva, Libia siguió privando a los ciudadanos del derecho de inviolabilidad de su casa y su persona. Las torturas y el encarcelamiento en régimen de incomunicación se generalizaron, y las fuerzas de seguridad retuvieron su facultad de imponer sentencias sin procedimientos jurídicos. El gobierno argelino no investigó, no rindió cuentas ni celebró juicios en tantos como 18.000 casos de personas desaparecidas, producto de los años más tenebrosos de la década del 90. En Turquía, la tortura y la impunidad siguieron siendo graves, así como el hostigamiento de periodistas.

En Pakistán, las violaciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, desde ejecuciones extrajudiciales a arrestos arbitrarios y el uso excesivo de la fuerza están ahora muy difundidas. El gobierno intimidó y arrestó a figuras de la oposición. La credibilidad general del sistema judicial sigue baja. En diciembre, el parlamento de Pakistán y el general Pervez Musharraf aprobaron un conjunto de enmiendas a la constitución que han consolidado el poder de Musharraf, inclusive su acuerdo de dejar el puesto de jefe del estado mayor para fines de 2004, confirmaron su presidencia hasta 2007, y le han conferido el poder de disolver la asamblea nacional y las asambleas provinciales de Pakistán siempre que el Tribunal Supremo esté de acuerdo con la disolución.

En Africa al sur del Sahara nos preocupa la participación de las fuerzas de seguridad del gobierno etíope en el asesinato de 93 personas, la mayoría de la etnia anuak en la región de Gambela el pasado diciembre. En Uganda, los brutales ataques del grupo tipo secta llamado Ejército de Resistencia del Señor, aumentaron significativamente durante el año, causando la muerte de aproximadamente 3.000 personas, entre ellas niños, además de miles de desplazamientos de personas por el país, numerosas violaciones sexuales y el secuestro de niños y muchachas jóvenes, hasta alcanzar la cifra estimada de 6.800 sólo entre enero y junio, con el fin de ser entrenados como soldados de guerrilla y para ser utilizados como esclavos sexuales, cocineros y faquines.

En las Islas Salomón, una situación antes preocupante comenzó a tomar un giro positivo debido a la intervención internacional. La Misión Regional de Asistencia en las Islas Salomón (RAMSI), organizada por Australia para atender los continuos incidentes de violencia en el país que surgen del conflicto étnico entre grupos malaitanes y de Guadalcanal, llegó al país en julio y logró progreso significativo durante el resto del año en la restauración de la ley y el orden. RAMSI retiró de circulación unas 3.700 armas, comenzó la reforma de la policía, y arrestó y formuló cargos a numerosas personas implicadas en las violaciones de derechos humanos y otros actos delictivos.

En muchos lugares se perpetraron actos de violencia que las autoridades gubernamentales toleraron o no impidieron. En algunas ocasiones, los dirigentes locales del gobierno de las Filipinas dieron la impresión de que aprobaban las ejecuciones extrajudiciales y las bandas de voluntarios policiales informales como medio conveniente de lucha contra la criminalidad y el terrorismo. En Tailandia, las fuerzas de seguridad fueron responsables de numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales. Según los informes de la prensa, más de 2.000 presuntos narcotraficantes fueron asesinados durante enfrentamientos con la policía durante el período de tres meses que duró la "Guerra contra las Drogas", de febrero a abril, mientras que el gobierno informó que de un total de 2.598 homicidios durante este mismo período, 1.386 muertes estaban relacionadas con el narcotráfico. Las torturas, maltratos y hostigamiento de periodistas siguieron siendo problemas serios en Turquía. Libertad de prensa:

El respeto a la libertad de expresión y de prensa en Sudán parece haber mermado durante el año. Las detenciones, la intimidación y la vigilancia de los periodistas por el gobierno, así como el incremento en el número de cierres de periódicos, siguieron inhibiendo la libre discusión de cuestiones políticas.

La libertad de prensa sufrió asimismo en Tanzania, con las restricciones más serias en Zanzíbar, donde el gobierno declaró el cierre indefinido del semanario Dira, el único periódico independiente del archipiélago, y puso en vigor la Ley de Noticias sobre Zanzíbar, que permite a las autoridades que hostiguen y detengan a periodistas.

El control sobre la prensa y la expresión pública de opiniones políticas se mantuvo en Kazajstán, según el gobierno procedió a encausar selectivamente a sus opositores políticos en juicios con serias irregularidades. El hostigamiento de parte del gobierno de los medios independientes incluyó la condena, sin el debido proceso de ley, de dos destacados periodistas independientes. En Turcmenistán, el gobierno controló totalmente los medios, censuró todos los periódicos y el acceso a sitios de la Internet, y nunca permitió la crítica independiente de la política del gobierno. En Kirguistán las demandas civiles planteadas por funcionarios públicos por motivos de "honor y dignidad", llevaron a la quiebra a dos de los principales diarios independientes.

En Ucrania, las autoridades continuaron interfiriendo en los medios noticiosos al intimidar a periodistas y al asumir la función de emitir instrucciones directas a los órganos de información pública sobre la cobertura permisible de acontecimientos y asuntos. El gobierno no ha elucidado en los tribunales el caso del asesinato de los periodistas Heorhiy Gongadze e Ihor Aleksandrov. Luego de una investigación del caso Gongadze, considerada creíble por el Consejo de Europa y que llevó al arresto de un funcionario público, el gobierno despidió al fiscal general y liberó al acusado.

En Venezuela, continuaron las amenazas a los medios informativos y se intensificó la presión del gobierno sobre los mismos, y se hicieron gestiones legislativas para limitarle a la prensa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

La expresión política se suprime significativamente en Malasia, donde el gobierno reconoce que limita algunos derechos políticos y civiles a fin de mantener la armonía social y la estabilidad política.

Libertad religiosa:

Estos temas se discuten a fondo en el Informe Anual Sobre Libertad Religiosa Internacional, publicado en diciembre de 2003, pero los Informes por Países destacan también importantes acontecimientos.

El status quo en Vietnam se mantuvo insatisfactorio. El gobierno restringió la libertad religiosa y las operaciones de las organizaciones religiosas no oficialmente reconocidas por el estado. En particular, los protestantes activos en organizaciones no inscritas, principalmente en el altiplano central y en el Noroeste, experimentaron hostigamiento así como posibles detenciones por parte de las autoridades. Se siguieron produciendo incidentes de detención arbitraria de ciudadanos, incluyendo la detención por la expresión pacífica de sus opiniones políticas y religiosas. En Birmania, el gobierno impuso restricciones a algunas actividades religiosas y dio preferencia al budismo sobre otras religiones minoritarias. El presidente Nazarbayev, de Kazajstán, puso en marcha una iniciativa para fomentar el diálogo entre las religiones, se celebró una conferencia internacional que reunió a dignatarios y figuras eclesiásticas de la región en febrero, y no se han hecho más intentos de incorporar enmiendas restrictivas a las leyes. En otras partes de Asia Central, el gobierno de Turcmenistán sigue suprimiendo todas las formas de expresión religiosa e interpretando las leyes de tal manera que se discrimina contra la práctica de cualquier fe que no sea el islamismo sunnita y el cristianismo ortodoxo ruso. En Uzbekistán, el gobierno permitió la existencia de los grupos religiosos principales, pero invocó la Ley de Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas, que no se ajusta a las normas internacionales, para restringir la libertad religiosa de otros grupos.

En Arabia Saudita, la libertad religiosa todavía no existe conforme a las normas reconocidas internacionalmente. El gobierno continuó aplicando una versión sumamente conservadora del Islam, de la rama ortodoxa sunnita, y suprime la práctica pública de otras interpretaciones del Islam y religiones no islámicas.

El gobierno de Eritrea ha seguido restringiendo gravemente la libertad religiosa. El gobierno ha hostigado, arrestado y detenido a miembros de grupos religiosos protestantes locales que no tienen el visto bueno del gobierno y a quienes se conoce colectivamente como "pentes", de los grupos reformistas de la iglesia copta, de los Testigos de Jehová y a seguidores de la fe Baha'i.

Trato de minorías, mujeres y niños:

Marruecos puso en vigor un nuevo código familiar que revoluciona los derechos de la mujer. El código eleva la edad en la que la mujer puede contraer matrimonio, consolida su derecho al divorcio, a la custodia de sus hijos y de heredar, y pone serias trabas a la poligamia, por lo que la nueva ley sirve de ejemplo para el continente y el mundo árabe.

De la transición en Ruanda ha surgido el Rwanda Women's Leadership Caucus (Conferencia del Liderato Femenino de Ruanda, RWLC) como una voz cada vez más poderosa de la mujer en el proceso político. Varias de sus integrantes forman parte del comité encargado de la redacción de la constitución y fueron ellas las que impulsaron un aumento de un 30 por ciento de los cargos representativos ocupados por mujeres en las ramas legislativa y ejecutiva. El presidente Kagame ha respondido con el nombramiento de varias mujeres a funciones "no tradicionales" en el gabinete.

Las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte se han manifestado de maneras particularmente graves. Entre las violaciones más preocupantes se cuentan las cometidas contra prisioneras embarazadas que son sometidas a abortos forzados y presuntos casos de asesinatos de bebés recién nacidos en las prisiones. También hubo informes de tráfico de mujeres y muchachas jóvenes entre los refugiados y trabajadoras que cruzaron la frontera china, y los niños parecen haber sufrido la hambruna de forma desproporcionada.

La policía egipcia ha seguido atacando a los homosexuales mediante celadas tendidas a través de la Internet.

Las fuerzas de seguridad han seguido maltratando y torturando a prisioneros, arrestando de forma arbitraria y deteniendo a personas, manteniéndolas en detención prolongada antes de llevar sus casos ante los tribunales, y ocasionalmente practicando arrestos en masa.

En noviembre, el gobierno chino revocó su política de mantener el VIH/SIDA como un secreto celosamente guardado y anunció sus planes de proporcionar drogas de terapia antirretroviral a millones de personas, entre ellas residentes de zonas rurales y la población urbana pobre. Sin embargo, la nueva política hace que las cuestiones de estigma y discriminación salten a la palestra como obstáculos a cualquier tipo de avance en la prevención o el tratamiento. La entrega eficaz del mensaje sobre la enfermedad del SIDA y los programas de tratamiento contra la drogadicción dependerán de la protección efectiva de los derechos legales y civiles de quienes están afectados por la enfermedad. Habrá que esperar para ver si las autoridades de la República Popular de China reconocerán y atenderán de forma efectiva estas cuestiones.

En el mundo entero, la violencia contra los niños sigue siendo un problema y el tráfico de personas convirtió en víctimas a muchas mujeres y niños, obligados a realizar actos sexuales o a trabajar en condiciones comparables a la esclavitud. Estos problemas se discuten a fondo en el Informe Anual sobre Tráfico de Personas publicado en junio de 2003, pero se incluyen también en la presente edición de los Informes por Países.

Derechos laborales:

La presencia económica mundial de China obliga a continuar dirigiendo la atención hacia los derechos laborales como un tema prioritario para que China se conforme a las normas internacionales. Los cambios económicos y sociales que afectan a los trabajadores han producido una serie cada vez mayor de disputas laborales, muchas de ellas concernientes a las empresas de propiedad estatal, disputas en torno a las condiciones laborales o la corrupción gerencial. El gobierno ha respondido con el arresto y enjuiciamiento de activistas laborales. A los obreros chinos se les continuó privando de la libertad de asociación, y del derecho de organización y negociación colectiva. A los sindicatos de todos los niveles laborales se les exigió la afiliación a la Federación de Sindicatos de Toda China, que controla el Partido Comunista de China.

En Camboya, hubo mejoras en el cumplimiento de leyes sobre salarios y horas laborables, un mayor respeto a la libertad de asociación, mejoras en las relaciones entre trabajadores y gerencia, menos despidos ilegales de dirigentes sindicales, menos huelgas ilegales, la creación satisfactoria en Camboya del primer consejo de arbitraje para la solución de disputas industriales, y la negociación del primer convenio de negociación colectiva para el sector de fábricas de ropa.

En las Américas, los obstáculos contra los derechos de los trabajadores todavía se mantienen en varios países claves. Siete sindicalistas independientes figuraron entre los 75 defensores pacifistas de derechos humanos enjuiciados por "provocación" y "subversión" por el gobierno cubano en abril. También se deterioraron las condiciones de los trabajadores sindicados en Venezuela, donde el gobierno rehusó reconocer a los líderes elegidos de la Confederación de Trabajadores Venezolanos y ordenó el arresto de su secretario general, obligándole a huir del país. Colombia, mantuvo su lugar como país más peligroso en el mundo para los sindicalistas aun cuando en 2003 los sindicalistas asesinados fueron menos que en 2002.

En Rusia, la representante en Moscú del Centro Norteamericano para la Solidaridad Laboral Internacional sufrió la continua denegación del permiso que autoriza su reintegración laboral después de que también se le negara en diciembre de 2002 el permiso para regresar al país. En la cercana Belarús el órgano rector de la Organización Internacional del Trabajo decidió en noviembre nombrar a una comisión indagatoria para investigar las alegadas violaciones por el gobierno de la libertad de asociación y del derecho de organización y negociación colectiva.

En Zimbabwe se siguió señalando a los representantes de sindicatos como objetivos de hostigamiento, detención, apaleamientos y otros malos tratos. La respuesta del gobierno a las demandas de los trabajadores ha sido imponer limitaciones a la capacidad de los sindicatos de comunicarse o de reunirse con sus propios miembros para hacer casi imposible una huelga legal, y arrestar a activistas laborales que manifiestan desacuerdo con sus políticas. El 8 de octubre la policía arrestó a más de 150 miembros de la organización de sindicatos de Zimbabwe en las manifestaciones de protesta convocadas en varias ciudades de todo el país. Muchos de los detenidos fueron puestos en libertad el mismo día, pero muchos otros fueron obligados a firmar admisiones de culpabilidad y se les impusieron multas.