Reporte sobre El Salvador
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El Salvador es un país de tránsito, destino
y fuente de trata de mujeres y menores con propósitos
de explotación sexual; así mismo, El Salvador
es una fuente de víctimas de trabajo forzoso. No se
tienen estimaciones firmes sobre el alcance de la trata de
personas en El Salvador; sin embargo, se tienen reportes que
señalan que los salvadoreños son traficados
a los Estados Unidos, Canadá, México y otros
países de Centro América. Las mujeres y niños
salvadoreños son traficados desde el área rural
y oriental del país hacia la zona urbana para ser prostituidos.
La mayoría de víctimas provenientes de otros
países son mujeres y niños de Nicaragua y Honduras.
En el pasado se ha tenido información de que los salvadoreños
han sido traficados con el fin de explotarlos en labores agrícolas
en los Estados Unidos.
El Gobierno de El Salvador no cumple a cabalidad los estándares
mínimos para la eliminación de trata de personas;
sin embargo, hace esfuerzos significativos para lograrlo.
En octubre de 2004, El Salvador aprobó una nueva ley
contra la trata de personas que convierte en delitos la trata
de personas y la conspiración para realizar trata
de personas. Ese mismo mes, la División de Fronteras
de la Policía Nacional Civil (PNC) creó una
unidad especial dedicada a investigar los casos de trata
de personas. Esta nueva unidad ha intensificado sus esfuerzos
para rescatar a las víctimas y arrestar a los tratantes.
Para poder profundizar sus esfuerzos en el combate de la
trata de personas, el Gobierno debería establecer
mecanismos para proveer protección y servicios a las
víctimas, incluyendo asistencia para las víctimas
extranjeras. Además, la cooperación regional
permitiría al Gobierno investigar los casos de trata
que ocurren como parte de la migración entre fronteras
en la región.
Acción Penal
Durante el periodo reportado, con la ayuda de la nueva ley en contra de la
trata de personas, El Gobierno de El Salvador aumentó sus esfuerzos
para investigar, arrestar y condenar a los tratantes. De octubre de 2004
a febrero de 2005, la nueva unidad contra la trata de personas de la PNC
ha arrestado a 15 tratantes y los ha acusado bajo esta nueva y más
rigurosa ley. Previo a la aprobación de la nueva ley en octubre, el
Gobierno procesó bajo las leyes existentes a 19 tratantes. Sin embargo,
de los 34 arrestos referentes a la trata de personas realizados, sólo
se lograron tres condenas. La aprobación de la nueva ley contra la
trata de personas proporciona al Gobierno mejores herramientas para perseguir
a los tratantes y la Fiscalía General de la República (FGR)
debería utilizarla para investigar, enjuiciar y sentenciar a los dueños
de burdeles, especialmente aquellos involucrados en el comercio y explotación
sexual de menores.
Protección
El Gobierno proporciona protección razonable para los salvadoreños,
particularmente para los niños, pero falla en proteger adecuadamente
las víctimas de trata extranjeras. El Gobierno se encuentra en un proceso
de enmienda de sus leyes de migración para cumplir con las disposiciones
de tratados internacionales para proteger a las víctimas de trata extranjeras.
Actualmente, los inmigrantes ilegales adultos, que podrían incluir víctimas
extranjeras del delito de trata, enfrentan una rápida deportación
como una política de gobierno. A pesar de sus limitados recursos, el
Instituto Salvadoreño de Atención Integral para la Niñez
y Adolescencia (ISNA) proporciona protección, consejería, refugio
y asistencia legal para menores salvadoreños que se encuentran en riesgo,
incluyendo menores que son víctimas de trata de personas. Entre octubre
de 2004 y febrero de 2005, la nueva unidad contra la trata de personas de la
PNC, rescató y entregó al ISNA a 19 menores. El Gobierno planea
abrir un refugio temporal para víctimas de trata pero los esfuerzos
en este sentido han sido lentos. Finalmente, el Gobierno está explorando
la legislación para crear un programa de protección de testigos
que fomentaría una mejor participación de las víctimas
en el enjuiciamiento de tratantes.
Prevención
Las limitaciones en el acceso a recursos obstaculizaron los esfuerzos del Gobierno
para producir un esfuerzo sostenible de prevención contra la trata
de personas; sin embargo, en el pasado, el Gobierno ha usado agresivamente
a los medios para advertir al público de la trata. El Gobierno patrocina
programas para promover la participación de la mujer en los ámbitos
social, económico, cultural y educativo. También, el Gobierno
está apoyando las actividades extra escolares para arraigar a los
niños a sus comunidades y así prevenir que caigan presa de
los tratantes, las pandillas, las drogas y la violencia.
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