Reporte sobre El Salvador
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El Salvador es un país de tránsito, destino y fuente de trata de mujeres y menores con propósitos de explotación sexual. Asímismo, El Salvador es una fuente de víctimas de trabajo forzado. Los salvadoreños son traficados a los Estados Unidos, Guatemala y México. Las mujeres y niños salvadoreños son traficados desde el área rural y oriental del país hacia la zona urbana para ser prostituidos. La gran mayoría de víctimas extranjeras de trata son mujeres y niños de Nicaragua y Honduras a quienes se les explota sexualmente. El Gobierno de El Salvador no cumple a cabalidad los estándares mínimos para la eliminación de trata de blancas; sin embargo, hace esfuerzos significativos para lograrlo. Las autoridades mantuvieron el ímpetu al implementar leyes en contra de la trata, al mejorar los esfuerzos de protección a las víctimas y al trabajar con los países de origen para lograr repatriaciones seguras y ordenadas. El Gobierno debería ampliar la protección a las víctimas, mejorar la cooperación entre la Policía y los fiscales, para tener mayor éxito en los procesos judiciales contra los tratantes, y trabajar con las organizaciones no gubernamentales y los medios para mantener la conciencia pública sobre el problema de la trata de personas.

Acción Penal
Durante el periodo reportado, el Gobierno  de El Salvador tuvo un modesto progreso en la aplicación de la ley contra los tratantes. La ley salvadoreña penaliza todas las formas de trata de personas de acuerdo con los estándares internacionales y establece penas de hasta ocho años de cárcel, las cuales pueden llegar a ser un tercio mayores con circunstancias agravantes. Durante el periodo reportado, la Policía arrestó a 17 individuos bajo cargos de trata y los fiscales obtuvieron cuatro condenas con sentencias que van desde los tres a los ocho años en prisión. Asimismo, durante todo el año, el Gobierno demostró su compromiso a cooperar en investigaciones internacionales de trata de personas al trabajar en casos de trata con los gobiernos de Belice, Guatemala y Nicaragua.

Protección
Durante el periodo reportado, el Gobierno realizó notables progresos en cuanto a la protección de las víctimas, particularmente en lo que se refiere al manejo de las víctimas extranjeras. Generalmente, los derechos de las víctimas son respetados; todas las víctimas tuvieron acceso a atención médica y psicológica, y las víctimas extranjeras no fueron deportadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores trabajó con sus contrapartes en los países de origen para lograr repatriaciones ordenadas u ofreció el estatus de refugiadas a las víctimas extranjeras cuyas vidas creíblemente corrían peligro si retornaban a casa. El Gobierno de El Salvador firmó un memorándum de entendimiento con México y Guatemala para facilitar la repatriación de víctimas de trata. La falta de recursos evitó que el Gobierno financiara a organizaciones no gubernamentales que trabajan con las víctimas. Las víctimas menores de edad se pusieron bajo los cuidados de los servicios de protección a la infancia y recibieron consejería, refugio y asistencia médica. La unidad de servicio social de la Policía Nacional Civil operó un albergue provisional y las víctimas salvadoreñas que regresaban de otros países recibieron albergue temporal a través de un programa que ayuda a los salvadoreños recién deportados. El Gobierno aún necesita ocuparse de la falta de protección para los testigos y la ausencia de un albergue de largo plazo para las víctimas.

Prevención
Durante el periodo reportado, el Gobierno ha progresado poco en sus esfuerzos de prevención. Los esfuerzos más recientes involucran la capacitación de oficiales consulares. A inicios de 2006, el Gobierno fue anfitrión de una conferencia regional sobre la trata de personas diseñada para entrenar a oficiales consulares en cómo identificar y asistir a las víctimas. El Gobierno también desarrolló un manual sobre la trata para sus oficiales consulares. El Gobierno se apoya fuertemente en las organizaciones no gubernamentales, la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina Internacional de Migraciones para las iniciativas contra la trata de personas pero generalmente financia una pequeña porción de los proyectos.

El Salvador es un país de tránsito, destino y fuente de trata de mujeres y menores con propósitos de explotación sexual. Asímismo, El Salvador es una fuente de víctimas de trabajo forzado. Los salvadoreños son traficados a los Estados Unidos, Guatemala y México. Las mujeres y niños salvadoreños son traficados desde el área rural y oriental del país hacia la zona urbana para ser prostituidos. La gran mayoría de víctimas extranjeras de trata son mujeres y niños de Nicaragua y Honduras a quienes se les explota sexualmente. El Gobierno de El Salvador no cumple a cabalidad los estándares mínimos para la eliminación de trata de blancas; sin embargo, hace esfuerzos significativos para lograrlo. Las autoridades mantuvieron el ímpetu al implementar leyes en contra de la trata, al mejorar los esfuerzos de protección a las víctimas y al trabajar con los países de origen para lograr repatriaciones seguras y ordenadas. El Gobierno debería ampliar la protección a las víctimas, mejorar la cooperación entre la Policía y los fiscales, para tener mayor éxito en los procesos judiciales contra los tratantes, y trabajar con las organizaciones no gubernamentales y los medios para mantener la conciencia pública sobre el problema de la trata de personas.

Acción Penal
Durante el periodo reportado, el Gobierno  de El Salvador tuvo un modesto progreso en la aplicación de la ley contra los tratantes. La ley salvadoreña penaliza todas las formas de trata de personas de acuerdo con los estándares internacionales y establece penas de hasta ocho años de cárcel, las cuales pueden llegar a ser un tercio mayores con circunstancias agravantes. Durante el periodo reportado, la Policía arrestó a 17 individuos bajo cargos de trata y los fiscales obtuvieron cuatro condenas con sentencias que van desde los tres a los ocho años en prisión. Asimismo, durante todo el año, el Gobierno demostró su compromiso a cooperar en investigaciones internacionales de trata de personas al trabajar en casos de trata con los gobiernos de Belice, Guatemala y Nicaragua.

Protección
Durante el periodo reportado, el Gobierno realizó notables progresos en cuanto a la protección de las víctimas, particularmente en lo que se refiere al manejo de las víctimas extranjeras. Generalmente, los derechos de las víctimas son respetados; todas las víctimas tuvieron acceso a atención médica y psicológica, y las víctimas extranjeras no fueron deportadas. El Ministerio de Relaciones Exteriores trabajó con sus contrapartes en los países de origen para lograr repatriaciones ordenadas u ofreció el estatus de refugiadas a las víctimas extranjeras cuyas vidas creíblemente corrían peligro si retornaban a casa. El Gobierno de El Salvador firmó un memorándum de entendimiento con México y Guatemala para facilitar la repatriación de víctimas de trata. La falta de recursos evitó que el Gobierno financiara a organizaciones no gubernamentales que trabajan con las víctimas. Las víctimas menores de edad se pusieron bajo los cuidados de los servicios de protección a la infancia y recibieron consejería, refugio y asistencia médica. La unidad de servicio social de la Policía Nacional Civil operó un albergue provisional y las víctimas salvadoreñas que regresaban de otros países recibieron albergue temporal a través de un programa que ayuda a los salvadoreños recién deportados. El Gobierno aún necesita ocuparse de la falta de protección para los testigos y la ausencia de un albergue de largo plazo para las víctimas.

Prevención
Durante el periodo reportado, el Gobierno ha progresado poco en sus esfuerzos de prevención. Los esfuerzos más recientes involucran la capacitación de oficiales consulares. A inicios de 2006, el Gobierno fue anfitrión de una conferencia regional sobre la trata de personas diseñada para entrenar a oficiales consulares en cómo identificar y asistir a las víctimas. El Gobierno también desarrolló un manual sobre la trata para sus oficiales consulares. El Gobierno se apoya fuertemente en las organizaciones no gubernamentales, la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina Internacional de Migraciones para las iniciativas contra la trata de personas pero generalmente financia una pequeña porción de los proyectos.